Los anuncios de beneficios económicos, las decisiones judiciales relacionadas con figuras de oposición y los distintos enfrentamientos políticos marcaron el cierre de octubre de 2026 para el Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, las dificultades del sistema eléctrico y las preocupaciones sobre la independencia de la justicia continuaron generando cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo.
Las restricciones en el suministro de electricidad trasladaron parte de las consecuencias de la crisis al sector productivo, mientras persistían las críticas por los retrasos en la incorporación de nueva generación energética para respaldar el sistema. El 16 de octubre de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció que se retomaría el suministro de electricidad desde Colombia. Este aporte representó un alivio para el sistema eléctrico ecuatoriano, aunque no resolvió las dificultades para cubrir la demanda nacional y se mantuvieron las restricciones.
Otro de los acontecimientos que intensificó la confrontación política fue la detención de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, el 22 de octubre. La medida se produjo dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de campaña. Posteriormente, un juez dictó prisión preventiva y la defensa de González presentó una apelación. La excandidata rechazó las acusaciones, mientras que su organización política denunció una presunta persecución política.
El proceso tuvo repercusión internacional y abrió nuevamente el debate sobre las garantías para la participación política y la independencia de las instituciones judiciales. Además, los pronunciamientos de funcionarios del Gobierno, entre ellos el secretario de la Administración y el ministro del Interior, John Reimberg, generaron cuestionamientos sobre el alcance de las intervenciones del Ejecutivo en asuntos relacionados con la justicia.
La experta en comunicación Caroline Ávila advirtió que el deterioro democrático puede avanzar mientras la atención pública se concentra en la crisis energética. A su criterio, limitar las voces críticas y generar desequilibrios en la competencia política, en un contexto de fragilidad de la justicia, representa un riesgo para el pluralismo. En ese sentido, señaló: “La falta de electricidad paraliza temporalmente la economía; la pérdida del pluralismo compromete la subsistencia misma de una sociedad libre”.
Por su parte, el consultor en comunicación política Andrés Obando consideró que estas controversias generan dudas sobre la independencia de las funciones del Estado y aumentan el costo político para el Gobierno. También manifestó que las críticas provenientes del ámbito internacional podrían representar un desafío difícil de manejar para el Ejecutivo.
Los cuestionamientos sobre la autonomía judicial también llegaron al ámbito internacional. El 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en Panamá una audiencia sobre la independencia judicial en Ecuador, en la que participaron representantes del Estado, organizaciones de derechos humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados.
Durante la sesión, las organizaciones participantes expusieron sus preocupaciones sobre la violencia contra operadores de justicia, las limitaciones en sus mecanismos de protección y las garantías para el proceso de selección del fiscal general. Asimismo, alertaron sobre reformas que, según señalaron, podrían afectar la separación de poderes y el debido proceso.
En la audiencia, el organismo regional resaltó que la independencia judicial constituye una condición fundamental para la democracia y el Estado de derecho. También hizo un llamado al Estado ecuatoriano para fortalecer las garantías de seguridad de quienes administran justicia.
En el ámbito local, otros acontecimientos también generaron cuestionamientos a autoridades vinculadas con Acción Democrática Nacional (ADN). Mientras el Gobierno dirigía críticas a figuras de oposición, entre ellas el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y Alexandro Tonello, dos casos relacionados con administraciones municipales quedaron bajo escrutinio público.
El 28 de octubre fue detenido Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde de Vinces, durante el operativo Gran Fénix 066. Su aprehensión se produjo en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Al día siguiente, ADN anunció que retiraría su respaldo al alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera, e iniciaría el procedimiento para su desafiliación.
La decisión se conoció después de la difusión de audios y videos que presuntamente lo relacionarían con el grupo delictivo Los Lobos. Frente a estos señalamientos, Rivera rechazó las acusaciones y aseguró que se trataba de una campaña en su contra.
Otro de los temas que generó debate fue la entrega de beneficios habitacionales. El 28 de octubre, el Gobierno oficializó la asignación de 72 subsidios del programa Yapa Pa’ Tu Casa para familias de los proyectos habitacionales El Troje y Divino Niño, ubicados en el sur de Quito.
La fecha y el contexto político en el que se entregaron estos beneficios también provocaron cuestionamientos. El estratega y docente de comunicación Andrés Jaramillo interpretó esta actividad como una posible respuesta del oficialismo ante las dificultades electorales.
De esta manera, octubre concluyó con varios asuntos pendientes para la administración de Daniel Noboa. Entre ellos se encuentran las dificultades para garantizar el suministro eléctrico, los cuestionamientos sobre la gestión pública y las preocupaciones relacionadas con la independencia judicial, la transparencia de los procesos y el respeto al debido proceso.