Las inundaciones registradas en la isla Santa Cruz, en Galápagos, dejaron alrededor de 700 familias afectadas, equivalentes a unas 2.700 personas, y evidenciaron problemas relacionados con la planificación territorial, el acceso al agua potable, la atención sanitaria y la disponibilidad de viviendas. La emergencia, ocasionada por las intensas lluvias, afectó a varios barrios y dejó a numerosas familias con dificultades para recuperar sus hogares y encontrar lugares seguros donde permanecer.
María Paola Solís, representante de la sociedad civil organizada de Santa Cruz, advirtió que la situación atraviesa una nueva etapa. Explicó que, mientras disminuye la atención inmediata por las inundaciones, las familias damnificadas deben enfrentar las dificultades para reubicarse y conseguir viviendas. Según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos citado por Solís, aproximadamente 700 familias resultaron afectadas por esta emergencia. Frente a ello, la ayuda comunitaria se ha concentrado en la preparación de alimentos, la entrega de medicamentos, insumos de salud e higiene y la coordinación de espacios de acogida.
Uno de los sectores que registró importantes afectaciones fue el barrio La Cascada. Solís cuestionó las decisiones de planificación territorial que permitieron la construcción de viviendas en esa zona, pues considera que sus características geográficas no ofrecen condiciones adecuadas para habitar. Según relató, hace aproximadamente 15 años, el gobierno municipal de ese entonces habría asignado terrenos en ese sector para que las familias construyeran sus viviendas, una decisión que, a su criterio, las expuso a riesgos que se hicieron evidentes durante las recientes inundaciones.
La problemática también alcanzó a otros sectores de la isla, como los barrios La Unión y Arrayanes, ubicados en la zona urbana. Mientras tanto, en la parte alta de Santa Cruz, el agua siguió los cauces naturales que descienden desde las encañadas. Esta situación puso en evidencia las condiciones de vulnerabilidad de las familias que habitan en estos territorios y que no necesariamente cuentan con los recursos económicos para trasladarse a otros lugares.
A este escenario se suma la crisis habitacional que atraviesa Santa Cruz. Solís advirtió que existe una limitada disponibilidad de viviendas para arrendar, debido, en parte, a la demanda de alojamientos destinados al turismo. Esta situación dificulta la reubicación de las personas que perdieron sus hogares o que deben abandonar las zonas afectadas por las inundaciones. Por ello, señaló que la respuesta no puede limitarse a evacuaciones temporales, sino que se necesitan alternativas habitacionales seguras y permanentes para las familias damnificadas.
Las afectaciones también se extendieron a los servicios básicos. Durante la entrevista, Solís explicó que Santa Cruz no dispone de un sistema de agua potable que abastezca a toda la población, por lo que las familias dependen del agua entubada y, en algunos casos, de la recolección de agua lluvia. Después de las inundaciones, la calidad del recurso se convirtió en una preocupación debido a la contaminación de los cauces y los daños registrados en la infraestructura. La vocera señaló que existen dificultades para acceder al agua y alertó sobre el racionamiento que enfrenta la población.
Los cortes de electricidad registrados durante la emergencia agravaron las condiciones, debido a que algunas viviendas utilizan bombas eléctricas para obtener agua. De esta manera, las consecuencias de las inundaciones no se limitaron a los barrios directamente afectados, sino que también alcanzaron a otros sectores que enfrentaron dificultades para acceder a servicios básicos y tuvieron que evacuar sus viviendas.
En el ámbito sanitario, la situación también generó preocupación, debido a que el centro de salud de Santa Cruz resultó inundado y perdió equipamiento e insumos. Solís recordó que el hospital de la isla llevaba más de un año y medio en proceso de remodelación y que, durante ese periodo, la atención hospitalaria se desarrollaba en instalaciones facilitadas por la Cruz Roja, que contaban con espacios más reducidos. Las afectaciones registradas durante esta emergencia representan así un desafío adicional para la atención de salud de los habitantes.
Por otra parte, Solís cuestionó la respuesta inicial del Municipio de Santa Cruz y consideró que la asistencia institucional no fue suficiente para cubrir las necesidades de la población. Aunque reconoció que la coordinación mejoró con el paso de los días, insistió en que la atención debe considerar las condiciones particulares de los grupos más vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores, personas con discapacidad, familias con niñas y niños y habitantes que tienen dificultades para acceder a ayudas económicas.
La representante de la sociedad civil también alertó sobre la situación de las personas que viven en Galápagos sin residencia regularizada. Según explicó, algunas de ellas temen que entregar sus datos de identificación para acceder a los bonos de emergencia pueda derivar en procesos de deportación. Esta preocupación, señaló, aumenta su vulnerabilidad y limita sus posibilidades de solicitar y recibir asistencia durante la emergencia.
A las dificultades habitacionales y de servicios básicos se suman las condiciones propias de la región insular. El abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos depende de los insumos que llegan desde el Ecuador continental por vía marítima o aérea, lo que representa un desafío adicional para atender las necesidades urgentes de la población afectada.
Frente a este panorama, Solís destacó la importancia de mantener la solidaridad ciudadana más allá de los primeros días de la emergencia. La vocera estimó que las necesidades de alimentación y asistencia podrían prolongarse durante aproximadamente tres meses, por lo que pidió sostener el apoyo a las familias damnificadas.
La sociedad civil ha organizado cocinas comunitarias y puntos de recepción de donaciones, además de coordinar la entrega de alimentos, medicamentos e insumos de higiene. Solís hizo un llamado a continuar con las donaciones, tanto de productos como de recursos económicos, para que las organizaciones locales puedan mantener la asistencia y responder a las necesidades de quienes resultaron afectados por las inundaciones en Santa Cruz.