El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, una contribución económica que equivale a tres veces el aporte de la industria petrolera, estimado en el 6,4%. Pese a su importancia para la economía y el sostenimiento de la vida cotidiana, estas actividades continúan siendo poco reconocidas y recaen principalmente sobre las mujeres.
Frente a esta realidad, Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), plantea la necesidad de transformar las políticas laborales y sociales para distribuir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado. La dirigente considera que reconocer el valor de estas actividades también implica debatir quiénes deben asumirlas y qué papel debe cumplir el Estado para garantizar este derecho. «Los cuidados son el centro de la vida», sostiene Arellano, quien destaca que las luchas feministas han contribuido a visibilizar y contabilizar el aporte económico del trabajo no remunerado.
En este contexto, organizaciones sindicales, feministas y sociales de América Latina y Europa se reunieron en Quito, entre el 20 y el 22 de octubre de 2026, para elaborar una Agenda Sindical Regional de los Cuidados. El documento recoge propuestas orientadas a modificar las condiciones laborales, fortalecer los servicios públicos y establecer mecanismos que permitan redistribuir las tareas de cuidado entre hombres, mujeres y el Estado.
Uno de los aspectos que preocupa a la dirigente sindical es el efecto de la reducción de presupuestos destinados a educación y salud, así como de las reformas que involucran a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). A su criterio, estos cambios podrían profundizar la precarización de los servicios relacionados con el cuidado y afectar directamente a las familias que dependen de ellos.
Arellano se refirió particularmente a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece un límite del 30% al gasto corriente de los gobiernos locales y clasifica determinados servicios sociales y de cuidado como gastos administrativos. Según la agenda sindical, esta disposición podría poner en riesgo la continuidad de guarderías y centros de atención, además de trasladar a las familias los costos de servicios que deberían contar con respaldo público. «Eso implica privatización de los cuidados», manifestó.
La preocupación también se extiende a las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en programas de atención a la infancia. La presidenta de la CEOSL señaló que, en medio de las fusiones ministeriales, algunas trabajadoras han perdido estabilidad laboral y antigüedad. Entre los programas cuyos efectos están siendo revisados por la organización se encuentran Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). «Las mujeres se están quedando sin estabilidad laboral», advirtió Arellano.
Entre las principales propuestas de la Agenda Sindical Regional de los Cuidados consta la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y 30 horas semanales, sin que esto implique una disminución de los salarios. La iniciativa busca facilitar una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares y evitar que las tareas domésticas y de cuidado recaigan exclusivamente sobre las mujeres.
Arellano sostiene que esta reducción también podría contribuir a mejorar las condiciones de empleo y generar oportunidades laborales. Para ello, considera necesario mantener una remuneración digna y acompañar la medida con un incremento general de los salarios que permita dinamizar la economía. «Para solucionar el problema de empleabilidad, asegurar que se genere mayor empleo, es necesario la reducción de la jornada de trabajo a seis horas diarias y 30 a la semana, sosteniendo un salario digno», explicó.
La agenda también contempla establecer una escala salarial sin diferencias de género que reconozca el valor del trabajo de cuidados. A esto se suma la propuesta de ampliar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, así como impulsar la sindicalización y la negociación colectiva por rama de actividad, con el propósito de fortalecer los derechos y la protección laboral de quienes se desempeñan en este sector.
Desde la CEOSL, Arellano considera que las políticas de cuidado deben mantenerse más allá de los cambios de gobierno y convertirse en una política de Estado. Para conseguirlo, plantea recuperar el papel de las instituciones públicas como garantes de derechos y asegurar los recursos necesarios para financiar servicios de salud, educación y atención a las personas que requieren cuidados.
En materia sanitaria, la agenda sindical propone declarar en emergencia al sistema público de salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con la asignación inmediata de presupuesto para medicamentos, insumos y personal. La dirigente explicó que las deficiencias en la atención médica provocan que el cuidado de personas con enfermedades crónicas o graves termine recayendo sobre sus familiares, quienes deben asumir estas responsabilidades sin recibir remuneración y, en ocasiones, comprometiendo sus propios ingresos y bienestar.
En ese sentido, Arellano insistió en la necesidad de priorizar las responsabilidades sociales relacionadas con el cuidado y cuestionó que el pago de la deuda externa tenga prioridad frente a estas necesidades. «Es necesario entonces priorizar la deuda de los cuidados», afirmó. La propuesta sindical también incluye frenar la expansión del modelo extractivista y proteger a las comunidades y a las mujeres que realizan actividades vinculadas al cuidado de la naturaleza.
En el ámbito institucional, la CEOSL solicita que la Corte Constitucional revise la reforma al COOTAD y plantea avanzar en iniciativas relacionadas con la libertad sindical, la negociación colectiva y una reforma integral al Código del Trabajo. Arellano señaló que varias propuestas del movimiento sindical permanecen sin avanzar en la Asamblea Nacional y cuestionó la falta de resultados en materia de reformas laborales.
Ante este escenario, la dirigente considera necesario construir una alianza nacional que permita articular las demandas de las organizaciones y exigir respuestas a las instituciones públicas. «Tenemos alternativa, tenemos propuesta», enfatizó.
La Agenda Sindical Regional de los Cuidados también será presentada en espacios internacionales, como la Conferencia Regional sobre la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), prevista para diciembre de 2026.
Para Arellano, el desafío del movimiento sindical consiste en ampliar sus demandas tradicionales y promover cambios en la organización del trabajo y las responsabilidades sociales. La propuesta busca que las tareas de cuidado dejen de considerarse una obligación individual de las mujeres y sean reconocidas como un derecho que debe contar con garantías y financiamiento estatal. «Sin cuidados no hay desarrollo social», concluyó.