Un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional permitió la detención de Anthony T., investigado por su presunta participación en el delito de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes. La intervención se desarrolló en una vivienda ubicada en el Centro Histórico de Quito, donde las autoridades encontraron indicios relacionados con el almacenamiento de material de abuso sexual infantil.
Durante el allanamiento, los agentes ejecutaron una orden judicial con fines de formulación de cargos e incautaron un teléfono celular que será parte de las investigaciones. Según la información difundida por la Fiscalía, las primeras indagaciones identificaron alrededor de 2.500 archivos ilícitos asociados a cuentas de correo electrónico y líneas telefónicas vinculadas al sospechoso.
El caso se originó a partir de una alerta internacional recibida el 22 de julio de 2026. Esta contenía 36 reportes emitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo que recibe y canaliza denuncias relacionadas con la explotación infantil y la circulación de este tipo de contenidos en plataformas digitales.
A partir de estos reportes, las autoridades desarrollaron diligencias para identificar a la persona relacionada con las cuentas y los números telefónicos señalados. La investigación permitió ubicar el inmueble en el que residía el sospechoso y ejecutar el procedimiento policial.
Este caso se suma a otras intervenciones realizadas en Ecuador contra redes vinculadas con la distribución de material de explotación sexual infantil. En octubre de 2026, una operación coordinada por Interpol en 17 países de América Latina y Europa terminó con la detención de 95 personas relacionadas con estas redes, que también habrían operado desde territorio ecuatoriano.
En el país, los análisis forenses de dispositivos electrónicos incautados durante investigaciones permitieron recuperar más de 4.000 archivos y 15 gigabytes de contenido explícito. Además, se identificaron grupos de mensajería en los que participaban menores de edad y donde se solicitaba e intercambiaba este material.
Las investigaciones de unidades especializadas de la Policía Nacional y organismos internacionales también han identificado el uso de plataformas como Telegram, WhatsApp y foros de la denominada dark web para comercializar accesos a estos contenidos mediante pagos digitales y criptomonedas. Estas actividades se han detectado en distintas ciudades del país, entre ellas Quito y Guayaquil.
En Ecuador, el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones de entre 10 y 13 años de privación de libertad para quienes produzcan, distribuyan, comercialicen o almacenen pornografía infantil. Las penas pueden agravarse cuando el responsable forma parte del entorno cercano de la víctima o pertenece a una estructura organizada.
Frente a estos riesgos, las recomendaciones de prevención incluyen supervisar el uso de dispositivos electrónicos por parte de niñas, niños y adolescentes, configurar controles parentales y mantener la privacidad de sus cuentas en redes sociales y plataformas digitales. También se aconseja conversar sobre los riesgos de compartir fotografías, datos personales o información de ubicación con desconocidos en internet.
Las autoridades recomiendan denunciar de inmediato cualquier perfil o actividad sospechosa ante la Fiscalía, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) o a través de la línea de emergencia 911. También se advierte que no se debe manipular ni reenviar este tipo de archivos, para evitar afectar las evidencias digitales.