La crisis del sistema penitenciario ecuatoriano continúa marcada por muertes violentas, fallecimientos relacionados con la falta de atención médica y denuncias sobre las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad (PPL). Aunque el Gobierno ha anunciado operativos, reformas legales, traslados y procesos de clasificación de los internos, estas acciones no han logrado evitar que se sigan registrando muertes dentro de las cárceles del país.
Una fuente que ocupó un alto cargo en el Estado y que solicitó mantener su identidad en reserva explicó que la reorganización penitenciaria impulsada por el Gobierno, mediante el traslado de internos entre centros, no estaría funcionando completamente. Según su versión, las autoridades habrían mantenido una distribución de las personas privadas de libertad de acuerdo con los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), con el propósito de contener los enfrentamientos y sostener una aparente tranquilidad dentro de las prisiones.
De acuerdo con esta fuente, ese escenario habría contribuido a reducir las muertes violentas, pero no ha impedido que continúen ocurriendo hechos de violencia. Los episodios registrados en octubre de 2026 evidencian que los problemas de seguridad persisten. Durante ese mes, varios amotinamientos simultáneos en centros penitenciarios de Pichincha y Cotopaxi dejaron ocho internos fallecidos y diez heridos. A estos hechos se sumó el hallazgo de seis reclusos muertos en la cárcel de Turi, en Cuenca, quienes habrían fallecido por asfixia.
El gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez, confirmó que las seis personas murieron por asfixia y estrangulación. Según explicó, las agresiones ocurrieron durante la noche dentro de las celdas, cuando los internos permanecían encerrados y sin vigilancia. La autoridad relacionó estos hechos con el malestar de la población penitenciaria frente a la aplicación del nuevo reglamento de clasificación por niveles de peligrosidad, que establece las categorías de baja, mediana y alta seguridad. Además, sostuvo que las muertes no se produjeron por enfrentamientos entre organizaciones delictivas rivales, sino por el rechazo de los internos al proceso de reorganización.
A pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, analistas advierten que las estructuras criminales todavía mantienen influencia y control dentro de los centros penitenciarios. Esta situación también genera preocupación por el posible reclutamiento de personas que ingresan a prisión por delitos menores, quienes podrían quedar expuestas a estas organizaciones durante su permanencia en las cárceles.
Como parte de su estrategia para enfrentar la crisis, el Gobierno ha planteado la construcción de nuevos centros penitenciarios de alta seguridad. En octubre pasado, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció la edificación de una prisión con capacidad para 15.000 personas, cuya construcción tomaría entre 15 y 16 meses. Según lo anunciado, los internos tendrían que trabajar para financiar su manutención. Sin embargo, el especialista en derecho penal Fernando Gaón consideró que esta propuesta sería difícil de ejecutar, debido a los antecedentes de fugas registrados en proyectos laborales desarrollados anteriormente en las cárceles.
En el ámbito legal, el Ejecutivo impulsó la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, vigente desde el 29 de abril de 2026. Esta normativa establece una clasificación de los centros de privación de libertad en niveles de máxima, media y mínima seguridad. Posteriormente, el 28 de septiembre, se implementó el Plan Nacional de Clasificación, mediante el cual se redistribuyó a 9.214 personas privadas de libertad de seis cárceles, organizándolas en cuatro niveles de riesgo. No obstante, pese a estos cambios, los hechos violentos han continuado.
De acuerdo con las cifras oficiales del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Ecuador cuenta con 36 centros de privación de libertad, en los que permanecen 39.453 personas. Esta población representa una presión sobre la infraestructura y la capacidad operativa del sistema penitenciario.
A este escenario se suma el número de detenciones registradas durante 2026. En una entrevista concedida a un medio digital el 30 de octubre, el ministro del Interior informó que entre enero y el 30 de octubre se contabilizaron 61.774 detenciones por diferentes delitos. Esta cifra se aproxima al total reportado durante todo 2025, cuando las fuerzas del orden capturaron a 74.000 personas a escala nacional.
Frente a esta situación, Fernando Gaón cuestionó la efectividad de las medidas adoptadas por el Estado y sostuvo que las cárceles han dejado de cumplir su función de rehabilitación social. El especialista describió los centros penitenciarios como “bodegas humanas”, en las que, según afirmó, existe una vulneración permanente de los derechos de las personas privadas de libertad.
Gaón señaló que uno de los principales problemas es la falta de políticas públicas claras y la escasez de personal técnico y administrativo necesario para los procesos de evaluación, rehabilitación y reinserción social. Entre los profesionales que hacen falta mencionó a sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados penalistas. De acuerdo con su estimación, el déficit de este personal estaría entre el 30% y el 40%.
Como ejemplo, indicó que en centros regionales diseñados para albergar a 6.000 internos habría apenas seis o siete psicólogos, una cantidad que, a su criterio, resulta insuficiente para realizar evaluaciones individuales y acompañar los procesos de rehabilitación. También señaló la necesidad de invertir en educación para las personas privadas de libertad y promover actividades y oficios que permitan ocupar su tiempo en procesos de formación y reinserción.
El especialista también criticó la administración del sistema penitenciario y la concentración de decisiones en las autoridades del Gobierno. Según Gaón, el Ministerio del Interior habría asumido atribuciones que corresponden al SNAI en la gestión de las cárceles. Como ejemplo mencionó la intervención del Ministerio en proyectos como la cárcel del Encuentro, a la que calificó como “la cárcel del infierno”.
Sobre este centro penitenciario, considerado uno de los proyectos emblemáticos del actual Gobierno, Gaón cuestionó que esté cumpliendo con el objetivo de albergar a los principales responsables de estructuras criminales. En su opinión, el establecimiento se habría convertido en un espacio utilizado para castigar a adversarios políticos.
Las cifras también reflejan la dimensión de la crisis. Según los datos citados en el reportaje, desde 2021 se acumulan más de 500 muertes de personas privadas de libertad, mientras que en 2025 se registraron más de 1.220 fallecimientos por distintas causas. A las muertes se suman los problemas de seguridad y las fugas. Entre los casos mencionados está la evasión de seis internos de máxima seguridad que perforaron una pared en la cárcel de Turi, así como la fuga de otros reclusos del centro penitenciario de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La situación también afecta a los centros de privación de libertad femeninos, donde organizaciones y defensores de derechos humanos han denunciado graves deficiencias en la atención sanitaria. Entre los problemas señalados están las dificultades burocráticas para el ingreso de medicamentos, casos de desnutrición, fallas en el economato y restricciones para acceder a suministros básicos destinados a la atención médica de las internas.
Uno de los casos expuestos es el de Denisse Valverde Bohórquez, de 37 años, quien falleció el 1 de octubre mientras permanecía privada de libertad en el pabellón prioritario Matilde Hidalgo. De acuerdo con el relato recogido en el reportaje, días antes del 21 de octubre la mujer habría presentado una fuerte alteración emocional y posteriormente comenzó a manifestar síntomas de un posible deterioro neurológico. Durante una visita, sus compañeras y familiares habrían notado que ya no recordaba su apellido ni su número de cédula.
Ante el deterioro de su estado, las internas del pabellón solicitaron en repetidas ocasiones que fuera trasladada al policlínico penitenciario. Sin embargo, según la información difundida, el personal de salud habría considerado inicialmente que se trataba de un problema psicológico y le administró suero antes de devolverla a su celda. Mientras tanto, la mujer habría perdido progresivamente la capacidad de hablar, recordar su nombre y caminar.
La situación llegó a instancias judiciales mediante una audiencia de hábeas corpus presentada por sus familiares. Durante la diligencia telemática, Denisse Valverde sufrió convulsiones de tipo epiléptico frente a la pantalla, en presencia virtual del juez asignado. Según el reportaje, pese a lo ocurrido, no se habría producido una intervención de emergencia inmediata por parte de las autoridades del centro penitenciario.
Posteriormente, su condición se agravó. La interna presentó vómitos constantes, convulsiones y dificultades para ingerir alimentos y líquidos. Luego de los reclamos de sus compañeras, quienes exigieron su atención en la puerta del pabellón, finalmente fue trasladada de urgencia a un hospital. Sin embargo, ingresó en estado crítico y falleció aproximadamente a las 17:00.
El reportaje también recoge otros testimonios sobre posibles casos de falta de atención médica en los centros femeninos. La fuente consultada señaló que, hace tres meses, una persona privada de libertad habría perdido a sus gemelos de cinco meses de gestación, mientras que hace aproximadamente un mes otra interna también habría perdido a su bebé. Según la misma fuente, en estos casos la atención médica habría llegado cuando las complicaciones ya eran graves. Las denuncias de las personas que visitan a las internas reflejan la preocupación por las condiciones sanitarias y la atención que reciben las mujeres privadas de libertad.