El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo advirtió sobre el riesgo de que el Estado no pueda cumplir con todas las asignaciones económicas destinadas a la seguridad social durante 2027. Esta situación genera preocupación por el financiamiento del aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares y los recursos necesarios para garantizar la atención médica de los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En los documentos de la Proforma Presupuestaria 2027, el Gobierno identifica a la seguridad social como un factor de «alto riesgo» fuera del Presupuesto General del Estado (PGE). El Ministerio reconoce que los recursos contemplados en las partidas presupuestarias no serían suficientes para cubrir las necesidades reales y las obligaciones establecidas en la legislación. Este escenario abre la posibilidad de que se presenten incumplimientos en las transferencias que el Estado debe realizar para financiar las pensiones de los jubilados.
La diferencia entre los requerimientos económicos del IESS y los valores finalmente incluidos en la Proforma 2027 evidencia la brecha de financiamiento. Para cubrir sus prestaciones durante el próximo año, las autoridades del Seguro Social solicitaron USD 4.385,40 millones. Sin embargo, el Gobierno contempló únicamente USD 3.070 millones en transferencias corrientes directas a la institución.
De esta manera, entre el monto requerido y el presupuestado existe una diferencia de USD 1.315,40 millones. Esta brecha afecta principalmente a los recursos destinados al pago de las pensiones jubilares y al financiamiento de los servicios de salud.
Uno de los puntos de preocupación corresponde al aporte estatal del 40% para las pensiones del Seguro General Obligatorio. La Ley de Seguridad Social establece que el Estado tiene la obligación de financiar ese porcentaje de las pensiones jubilares. Esta responsabilidad también es reconocida por el propio Ministerio de Economía en los anexos de la Programación Presupuestaria Cuatrianual, donde señala que las transferencias a los institutos de seguridad social forman parte de las obligaciones legales y constitucionales del Presupuesto General del Estado.
Pese a esta disposición, los valores contemplados en la Proforma 2027 no cubrirían la totalidad de los recursos solicitados por el IESS. Para garantizar el pago de las pensiones a sus jubilados durante el próximo año, la institución requirió USD 3.267,10 millones. No obstante, el Gobierno presupuestó USD 2.811,24 millones para financiar la contribución estatal del 40% al Seguro General de Pensiones, además de USD 18,49 millones destinados a Riesgos del Trabajo.
Con estos valores, el faltante para cubrir el requerimiento del aporte estatal a las pensiones alcanza los USD 455,86 millones. Esto significa que la asignación global de USD 3.070 millones prevista para el IESS no sería suficiente para cubrir exclusivamente los recursos que la institución necesita para pagar las pensiones mensuales de sus jubilados.
El financiamiento de los servicios de salud también presenta dificultades dentro de la planificación presupuestaria. El Fondo de Salud del IESS enfrenta uno de los escenarios más complejos, debido a que la legislación establece que el Estado debe financiar la atención médica de los jubilados y de las personas que padecen enfermedades catastróficas.
Para cubrir estas prestaciones durante 2027, el Seguro Social solicitó USD 900 millones. Sin embargo, la Proforma Presupuestaria de ese año no contempla una asignación directa para el Seguro de Salud del IESS.
En su lugar, el documento de subsidios de la Proforma 2027 incluye USD 491,35 millones en la partida denominada «Obligaciones de ejercicios anteriores por contribuciones establecidas en la Constitución y en las leyes para la Seguridad Social». Según la explicación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, estos recursos están destinados a atender los requerimientos del IESS relacionados con las prestaciones médicas proporcionadas por prestadores internos y externos, de acuerdo con el Convenio Marco suscrito entre ambas instituciones y los posteriores convenios específicos para el reconocimiento económico de esos servicios.
Estos fondos también se relacionan con la deuda histórica que el Estado mantiene por prestaciones médicas desde 2012. El monto acumulado, que todavía no ha sido auditado, se estima entre USD 21.000 millones y USD 27.000 millones. Aunque la Ley Reformatoria aprobada en julio de 2024 estableció que debía suscribirse un plan de pagos a diez años antes de marzo de 2025, las diferencias en torno a los procesos de auditoría han impedido concretar el acuerdo, por lo que el convenio continúa pendiente.
A estas dificultades se suman otros factores que el Ministerio de Economía identifica en el documento de Riesgos Fiscales de la Proforma 2027. El informe advierte que la seguridad social está expuesta a presiones externas y obligaciones legales que podrían generar desembolsos no contemplados en la planificación presupuestaria y afectar las finanzas públicas.
Entre los riesgos señalados constan las reformas legales que se aprueban en la Asamblea Nacional sin contar con el respaldo presupuestario correspondiente. El Ministerio sostiene que algunas modificaciones normativas pueden generar nuevas obligaciones económicas para el Estado y aumentar la rigidez del gasto público.
En ese contexto, el informe también menciona los problemas de ineficiencia e inequidad salarial en el sector público, relacionados con la vigencia de leyes especiales que permiten incrementos remunerativos en diferentes sectores, incluso cuando no existiría conocimiento o aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas ni disponibilidad presupuestaria para cubrir esos aumentos.
Otro de los factores identificados corresponde al cumplimiento de fallos judiciales obligatorios. El documento advierte que las sentencias ejecutoriadas pueden exigir restituciones de pensiones o reliquidaciones de valores, lo que obliga al Estado a realizar desembolsos económicos que no necesariamente estaban contemplados en la planificación fiscal inicial.
Asimismo, el Ministerio incluye los pasivos contingentes reconocidos por el Estado, relacionados con auditorías médicas y obligaciones pendientes con la seguridad social. Estos compromisos alcanzan los USD 1.767,68 millones y constan dentro de las estadísticas de deuda del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
La situación financiera también involucra a los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para 2027, las transferencias estatales previstas para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) ascienden a USD 546,25 millones. De ese total, USD 523,81 millones, equivalentes al 95,89%, estarán destinados al pago de las pensiones militares de retiro.
Por su parte, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) recibirá una asignación de USD 339,22 millones. De este monto, USD 336,14 millones, que representan el 99,09% de los recursos previstos, se utilizarán para financiar las pensiones del personal policial.
Los documentos también advierten que ambos institutos enfrentan cambios demográficos que reducen la proporción de afiliados activos frente al número de pensionistas. Esta situación incrementa la presión sobre sus sistemas previsionales y hace que el financiamiento estatal cubra una parte cada vez más importante de las obligaciones destinadas al pago de las prestaciones.
