La Defensoría Pública General (DPG) pide a la Corte Constitucional (CC) actuar ante un posible incumplimiento del dictamen interpretativo de mayo de 2019, que prohíbe revisar las resoluciones del extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS-T).
Ángel Torres Machuca, titular encargado de la DPG, denuncia en un escrito a la CC que a través de una acción de protección se intenta removerlo de su cargo, el cual ha ocupado durante cinco años, mientras el proceso de nombrar a una nueva autoridad a través de un concurso público sigue estancado.
Torres fue designado como defensor público encargado el 31 de agosto de 2018, por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que, si bien llevó a cabo un concurso público para elegir a un titular, lo declaró desierto.
El 27 de octubre de 2023, el defensor público alertó a los jueces constitucionales que se pretende revisar la decisión del Transitorio, incurriendo en un posible incumplimiento del dictamen interpretativo 2-19-IC.
Según Torres, una ciudadana identificada como Evelin Talledo Cobena presentó una acción de protección en la Unidad Judicial Multicompetente de Pedernales (Manabí) para que ordene al actual pleno del Consejo de Participación Ciudadana cumplir una resolución del 2019 del Consejo de la Judicatura y se designe un «defensor público general subrogante y como tal a cargo de la Defensoría Pública».
El recurso jurisdiccional está en trámite en el despacho del juez, Rubén Báez Quishpe, de la Unidad Judicial Multicompetente de lo Civil y lo Penal de Pedernales, pero hasta el momento no se ha producido la audiencia para sustanciarlo.