El contrato, que involucra la provisión de equipos de defensa, ha suscitado inquietudes sobre la idoneidad y la transparencia del proceso de contratación pública. La firma de Valencia con titulo de veterinaria en un convenio tan significativo plantea preguntas sobre la experiencia y la capacidad de la representante para gestionar un proyecto de esta magnitud, especialmente en el ámbito militar.
Las críticas se intensifican a medida que la opinión pública exige claridad sobre los criterios de selección de los proveedores y la posible existencia de irregularidades en este proceso de contratación. Además, la situación ha llevado a cuestionar la relación entre el sector público y las empresas privadas que operan en áreas sensibles como la defensa nacional.
Los chalecos y cascos suministrados han sido etiquetados como «truchos», lo que implica que no cumplen con los estándares requeridos, y esto añade una capa de preocupación sobre la seguridad de las fuerzas armadas en el país. La situación no solo afecta la confianza en la empresa involucrada, sino también en las instituciones estatales responsables de la defensa y la seguridad nacional.
La presencia de un representante sin la debida experticia en un sector tan crucial ha generado un clamor por parte de la ciudadanía y de organizaciones civiles que exigen una revisión exhaustiva del contrato y de las decisiones tomadas en el proceso. La situación abre un debate sobre la necesidad de garantizar la profesionalidad y la transparencia en las contrataciones del Estado, asegurando que los recursos públicos se manejen de manera adecuada y eficaz.