La Ley de Economías Criminales tiene como objetivo implementar sanciones de cárcel, para quienes «pertenezcan» a agrupaciones delictivas. El informe para el primer debate de esta iniciativa legal está previsto para ser aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico este 27 de mayo.
Una de las reformas destacadas en este proyecto económico de carácter urgente, promovido por el presidente de la República, Daniel Noboa, es la posibilidad de imponer penas por formar parte de organizaciones criminales estructuradas, incluso si no se ha llegado a cometer un delito. La propuesta tiene como fin parar el avance de las economías ilegales en todo el país.
Desde las 18:50 del 27 de mayo, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa de la Asamblea desarrolla la sesión en la que se busca aprobar el informe correspondiente al primer debate de esta iniciativa del Ejecutivo. Desde el 21 de mayo, cuando la comisión empezó a analizar el tema, participaron en el proceso ministros de Estado, expertos en derecho penal y constitucional, empresarios y miembros de las fuerzas del orden, personajes que compartieron su experiencia enfrentando a estas organizaciones, frecuentemente en condiciones desfavorables.
Valentina Centeno, presidenta de la comisión, perteneciente a Acción Democrática Nacional (ADN), manifestó este martes que se han incorporado todas las aportaciones y observaciones recabadas en menos de una semana. Además, enfatizó que el objetivo del proyecto es fomentar una colaboración efectiva entre el Estado y el sector privado en la lucha contra el crimen organizado.
Como parte de esta colaboración, el Gobierno propone que las empresas queden en destinar hasta un 30% de su Impuesto a la Renta (IR) en forma de insumos, materiales o equipamiento para apoyar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas (FFAA). También, la Comisión incluyó en el texto la opción de donar bienes inmuebles, aspecto que no figuraba en la versión inicial de la ley, para que puedan ser utilizados por las fuerzas del orden dentro del contexto del conflicto armado interno.
Las donaciones realizadas por el sector privado deberán contar con la aprobación del Ministerio del Interior, si están dirigidas a la Policía, o del Ministerio de Defensa, si son para las Fuerzas Armadas. En esta evaluación también cuenta con la participación el Servicio de Rentas Internas (SRI), que verifica el valor de las donaciones con el fin de establecer el beneficio tributario aplicable.
«Las fuerzas del orden han explicado que necesitan armas de fuego, vehículos tácticos, infraestructuras para UPC, tecnología, drones y otros insumos para modernizarse», manifestó Valentina Centeno, presidenta de la Comisión.
A pesar de esto, los aspectos más debatidos del proyecto están relacionados con los cambios en el sistema judicial y las penas que se aplicarán a los miembros de estructuras criminales.
Centeno precisó que el informe para primer debate incluye modificaciones como:
- Penalización no solo por la participación en delitos, sino también por pertenecer a bandas criminales organizadas.
- Reglas más severas para quienes incurran en actos de «disturbios y terrorismo».
- Los procesos por delincuencia organizada serán manejados por los jueces anticorrupción actuales, descartando de esa forma la creación de un nuevo cuerpo judicial específico para el conflicto armado interno, como proponía en un inicio el Ejecutivo.
- Se amplió el plazo para las investigaciones, que en el texto original era de 15 días, a 90 días, después de las recomendaciones de abogados penalistas que sugirieron un margen más amplio para garantizar investigaciones más sólidas.
Finalmente, la pena que recibiría una persona por ser integrante de una banda del crimen organizado, aunque no existan indicios de haber cometido un delito, sería de más de 25 años.