En la mañana de este martes, la Asamblea Nacional, rechazó una moción que habría permitido al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, hablar voluntariamente ante el pleno del cuerpo legislativo. La moción, presentada por el asambleísta Raúl Chávez, buscaba añadir un punto de última hora a la agenda para otorgarle la palabra a Alvarez. Sin embargo, fue bloqueada por el bloque gobernante ADN, junto con el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik, lo que expuso profundas divisiones políticas. El rechazo genera un debate sobre la transparencia, la autonomía local y la gestión de las voces disidentes por parte del gobierno nacional.
Alvarez se había negado previamente a asistir a una audiencia ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea el 31 de julio, alegando compromisos conflictivos, como una sesión del consejo en Puná y la inauguración de una planta de tratamiento de agua, pero sobre todo, porque legalmente no existe competencia legislativa con los alcaldes.
De todos modos, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea, Niels Olsen Peet, solicitó comparecer directamente ante el Pleno. Si bien enfatizó que los alcaldes no están sujetos a la supervisión legislativa, insistió en su derecho a hablar en nombre de la rendición de cuentas y la transparencia, enfatizando que su asistencia sería voluntaria y no una sumisión a la autoridad legislativa.
En su comunicación, Álvarez invocó los artículos 78 y 131 de la Ley de la Función Legislativa de Ecuador, que establecen que las autoridades locales, como alcaldes y gobernadores, están fuera de las funciones de control de la Asamblea. No obstante, se ofreció a comparecer ante el organismo para responder a las preocupaciones relacionadas con su administración, en particular para disipar el ruido político en torno a obras públicas, como el controvertido proyecto del paso elevado en Los Ceibos. Su gesto pretendía demostrar transparencia institucional, incluso frente a la hostilidad política.
Durante la sesión, el asambleísta Chávez defendió la propuesta, acusando al bloque oficialista de eludir verdades incómodas. Argumentó que la comparecencia de Alvarez podría aclarar rumores e informar a los legisladores sobre la gestión de proyectos importantes de la ciudad y las denuncias de irregularidades en las contrataciones. También envió un mensaje directo a alcaldes y prefectos de todo el país: «Aunque sea incómodo, es mejor resistirse a estar de pie que vivir de rodillas».
El recuento de votos revela una Asamblea polarizada: 63 legisladores, principalmente del bloque de la Revolución Ciudadana, apoyaron la moción, mientras que 77 votaron en contra y ocho se abstuvieron. Al no haber una mayoría a favor, se denegó la solicitud del alcalde para hablar. Este resultado marca un caso inusual en el que a un alcalde en funciones se le impide dirigirse a la legislatura por iniciativa propia, lo que intensifica aún más las tensiones políticas.
El rechazo es interpretado por los partidarios de Alvarez como una señal de miedo y una actitud defensiva por parte del Gobierno. Acusan al bloque del presidente Daniel Noboa de socavar el diálogo y la transparencia, especialmente ante las crecientes críticas por la gestión de la seguridad nacional, los despidos masivos y la presunta extralimitación autoritaria. Para Alvarez, una figura en ascenso dentro de la oposición, la negativa de la Asamblea solo refuerza su plataforma política y la imagen de un alcalde que desafía el poder central.
El incidente pone de relieve la creciente fricción entre el Gobierno nacional y los líderes locales autónomos. Plantea serias dudas sobre los límites de la rendición de cuentas política, el papel del poder legislativo en una democracia polarizada y la capacidad de los funcionarios electos para expresarse libremente ante la nación. Al negarle voz a Alvarez, la Asamblea podría haberlo elevado involuntariamente a un rol nacional más prominente, enmarcando el conflicto no solo como un conflicto institucional, sino también como una confrontación de visiones para el futuro democrático del Ecuador.