La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) informa que las cuentas bancarias de sus líderes fueron congeladas por orden estatal, alegando represalias por las protestas contra el aumento del precio del diésel. Además, la organización afirma que se bloqueó un canal de televisión comunitario, lo que constituye, según afirman, un intento de silenciar las voces críticas al Gobierno.
La CONAIE considera que estas acciones forman parte de una estrategia para criminalizar el paro y debilitar las demandas ciudadanas. La organización rechaza cualquier intento de intimidación y reafirma su compromiso con la defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos.
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, había anunciado un paro nacional indefinido contra la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel. La medida elevó el precio del combustible en un 56%, generando tensión social en el país y provocando manifestaciones callejeras. A pesar del estado de emergencia declarado por el Gobierno, el paro continúa en varias provincias.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa defiende la eliminación del subsidio como una medida necesaria para reducir el déficit presupuestario y cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la decisión ha generado críticas de diversos sectores de la sociedad, quienes afirman que la medida afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables.
El bloqueo de cuentas bancarias y TV MICC ha incrementado la tensión política en el país, con organizaciones sociales y políticas denunciando la creciente represión de las voces disidentes. La CONAIE promete intensificar las movilizaciones y las acciones de resistencia hasta que se cumplan sus demandas.
El gobierno ecuatoriano ordenó la suspensión de las transmisiones del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) en el canal 47 de UHF por un período de 15 días, cubriendo ciudades como Latacunga, Ambato, Salcedo, Quero, Pelileo, Cevallos, Santiago de Píllaro y Tisaleo. La medida, emitida por el Organismo Regulador el 23 de septiembre de 2025, se justifica oficialmente como necesaria para salvaguardar el «orden público y la seguridad nacional», con fundamento en el artículo 180 del Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
La decisión provocó una reacción inmediata de la CONAIE, que denunció la suspensión como un atentado contra la libertad de expresión y la comunicación comunitaria. Representantes indígenas afirman que el canal es una herramienta esencial para informar sobre movilizaciones, derechos colectivos y problemas sociales, y que la medida demuestra un intento de silenciar las voces críticas al gobierno.
Según fuentes del MICC (Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi), la suspensión afecta directamente a miles de residentes de las provincias afectadas, quienes dependen del canal para acceder a noticias locales, programas culturales y educativos. Los líderes comunitarios afirman que la medida genera un clima de incertidumbre y tensión social, aumentando el descontento con la respuesta del gobierno a las recientes protestas.
El Gobierno argumenta que la suspensión es temporal y preventiva, sin implicar sanciones permanentes, con el objetivo de controlar la circulación de información que, según las autoridades, podría exacerbar los conflictos durante las protestas en curso. Sin embargo, los opositores critican la falta de criterios claros y el posible impacto en la libertad de prensa y la comunicación indígena.