En el cuarto día del paro nacional, las movilizaciones se extienden con más fuerza en varias provincias del país, sumando cierres de vías, marchas y plantones. Desde temprano, comunidades indígenas y organizaciones sociales reafirman que la protesta responde al rechazo a las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo, en especial la eliminación del subsidio al diésel.
En Imbabura y Carchi, la movilización se concentra en la Panamericana Norte y en carreteras secundarias, donde grupos de moradores instalan barricadas, fogatas y puntos de control comunitario. Las vías permanecen interrumpidas por horas, provocando extensas filas de vehículos y afectando el transporte de mercancías y pasajeros. En algunos tramos se reportan enfrentamientos esporádicos con la Policía, aunque la mayoría de las acciones se mantiene pacífica.
En la provincia de Cotopaxi, organizaciones campesinas ocupan carreteras estratégicas que conectan la región con Quito, mientras que en Chimborazo y Tungurahua surgen cortes intermitentes en caminos rurales y marchas en centros urbanos. En varias ciudades, mercados y centros de distribución registran desabastecimiento parcial de productos debido a la dificultad en el transporte.
A lo largo del día, imágenes que circulan en redes sociales muestran columnas de manifestantes avanzando por las calles con banderas indígenas y carteles contra el alza de los combustibles. Vecinos denuncian el uso intensivo de gas lacrimógeno por parte de la Policía para dispersar bloqueos, mientras que organizaciones de derechos humanos reportan detenciones arbitrarias de jóvenes que participaban en las concentraciones.
La Conaie y otros colectivos sociales reiteran que no existe un diálogo abierto con el Gobierno, y denuncian intentos de silenciar el movimiento mediante el bloqueo de cuentas bancarias y la suspensión de transmisiones de medios comunitarios. Para las dirigencias, estas medidas configuran persecución política y buscan debilitar financieramente y aislar comunicacionalmente a las comunidades movilizadas. Autoridades de seguridad sostienen que los bloqueos afectan servicios básicos y ponen en riesgo la circulación de ambulancias y camiones de abastecimiento.
El Gobierno insiste en que su prioridad es restablecer el orden y acusa a grupos organizados de “sabotear” la economía. En contraste, abogados de derechos humanos y la oposición parlamentaria, advierten que la criminalización de las manifestaciones puede agravar la crisis política.