La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) exige la liberación inmediata de 12 manifestantes detenidos en Otavalo durante el paro nacional. Según líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos, estos detenidos fueron trasladados a cárceles de las provincias de Esmeraldas y Portoviejo, donde se encuentran en riesgo debido a la inestabilidad del entorno carcelario.
Según el Gobierno, hasta esta mañana, el número total de personas detenidas durante las manifestaciones en todo el país se acercaba a 96. En un comunicado, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que las protestas habían perdido impulso y que los casos más graves, como los de Otavalo, estaban siendo procesados por terrorismo.
La Conaie y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) denunciaron que a los 12 indígenas presos en Otavalo no se les garantizó la seguridad y cuestionaron su envío a cárceles distantes, especialmente a Esmeraldas, donde se produjo una reciente masacre que dejó 17 presos muertos tras intensos enfrentamientos entre facciones.
En un comunicado, la CONAIE culpó al presidente Daniel Noboa de «criminalizar la lucha social» y acusó al Gobierno de utilizar tácticas de intimidación contra los pueblos indígenas.
Al mismo tiempo, familiares de los detenidos realizaron una protesta en Otavalo, con carteles con lemas como «No somos terroristas» y exigiendo atención médica, libertad y respeto a los derechos humanos. Afirmaron que algunos presos ni siquiera participaron en actos violentos y que estaban siendo utilizados como ejemplo para intimidar a la movilización indígena.
En el ámbito político y social, el quinto día de huelga mantiene calles bloqueadas en varias provincias, especialmente en Imbabura, Pichincha y Manabí.
Organizaciones estudiantiles y universidades condenaron el uso excesivo de la fuerza, como ocurrió en Cuenca, donde manifestantes pacíficos fueron dispersados por la policía durante una manifestación frente a la Gobernación.
Hasta el momento, no hay consenso entre el Gobierno y los líderes indígenas para iniciar un diálogo que incluya la derogación de la eliminación del subsidio al diésel —medida que desencadenó las protestas— ni para garantizar la liberación de los detenidos. La exigencia de la Conaie de liberar a los 12 manifestantes de Otavalo sigue siendo un punto de tensión latente y tiene graves repercusiones en la crisis política nacional.
El expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, advirtió que el movimiento indígena no se dejará intimidar y que el paro continuará hasta que el Gobierno de Daniel Noboa revise las medidas económicas que desataron las protestas, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles.