El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ordenó este jueves la suspensión sin goce de sueldo por 90 días de la asambleísta Mónica Palacios (Revolución Ciudadana), tras una denuncia presentada por la legisladora Nataly Morillo (ADN).
Morillo acusó a Palacios de alterar el protocolo de una reunión de la Comisión de Biodiversidad, portar carteles y acusar públicamente al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi de presunto tráfico de influencias con la minera Dundee Precious Metals.
El CAL aplicó los incisos 3 y 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, calificando las acciones de Palacios como faltas «muy graves», lo que justifica una suspensión de entre 31 y 90 días.
En respuesta, Palacios anunció que apelará con una acción de protección, alegando que, como madre lactante, no puede ser privada de sus recursos e invocando las decisiones de la Corte Constitucional que protegen a las mujeres en esta situación.
El bloque Revolución Ciudadana expresó su apoyo a la legisladora, calificando la sanción como parte de una estrategia política para silenciar e intimidar las voces críticas al Gobierno.
Esta es la tercera sanción que Palacios enfrenta: en 2024, fue suspendida previamente por 60 días por acoso laboral, además de recibir una advertencia formal por desacato a la entonces ministra Mónica Palencia.
La medida aprobada por el CAL se produce en medio de un clima de tensión política exacerbado por las protestas a nivel nacional y las acusaciones mutuas entre el Gobierno y sus opositores, lo que profundiza el conflicto institucional en el país.