La fracción de Pachakutik que respalda al gobierno se muestra cada vez más débil y reducida. Un grupo de jubilados se manifestó frente a la Asamblea Nacional.
El 26 de septiembre, el Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo el segundo y definitivo debate del quinto proyecto de ley urgente de Fortalecimiento Crediticio, que propone reformas al sistema de Seguridad Social en Ecuador.
La normativa llegó a su fase final en medio de protestas de un grupo de jubilados que acudió al Legislativo en Quito para expresar su rechazo ante la supuesta privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Henry Llanes, director de una de estas organizaciones, afirmó que la ley busca privatizar las carteras quirografarias, hipotecaria y prendaria, vendiéndolas a la banca internacional y obligando al banco del IESS a adquirir bonos del Estado.
«Están en peligro los recursos de los afiliados. Ya tenemos el caso del ISSPOL, que hizo inversiones en bonos y la Policía no sabía dónde habían colocado USD 920 millones. No podemos repetir esa historia, esa no es plata pública, es plata privada», sostuvo Llanes.
Con un argumento similar, la bancada de Revolución Ciudadana (RC) se sumó al debate. «Hoy intentan feriarse el BIESS, se intenta despojar de sus bienes a los jubilados y afiliados», afirmó el jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González.
La correísta Viviana Veloz señaló que el objetivo del gobierno es endeudar al IESS para financiar, a través de este, el presupuesto del Estado, que en 2025 registró un déficit cercano a los USD 11.000.
La Policía instaló vallas metálicas que impidieron que los jubilados se acercaran demasiado al edificio de la Asamblea Nacional.
Postura oficialista
El debate comenzó con la intervención de Diego Franco, legislador de Acción Democrática Nacional (ADN) y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, quien analizó la quinta ley urgente enviada por Daniel Noboa.
El oficialista negó que la normativa busque privatizar los recursos de la Seguridad Social. Por el contrario, aseguró que la propuesta busca fortalecer los fondos para garantizar las jubilaciones y prestaciones del IESS.
Su colega, Mishel Mancheno, respaldó esta posición, señalando que actualmente los fondos del Seguro Social están en riesgo. Añadió que las reformas propuestas por el presidente Daniel Noboa buscan garantizar la sostenibilidad del sistema.
Apoyo con condiciones
El Partido Social Cristiano (PSC) consideró que la propuesta incluye aspectos positivos, como la devolución de los fondos previsionales actualmente gestionados por el IESS, aunque se trata de recursos particulares.
Otto Vera, sin embargo, advirtió que la ley también busca impedir que las utilidades generadas por el BIESS se utilicen para capitalizar o cubrir servicios necesarios para los jubilados, como la atención médica.
Además, señaló que se pretende autorizar operaciones financieras de reporto. Vera explicó en el Pleno cómo funcionaría este mecanismo y el supuesto perjuicio que ocasionaría al IESS y al BIESS.
«Si el BIESS tiene un bono del Estado que vale USD 100.000 y necesita recursos, lo cambia a otra entidad por USD 80.000. El reporto es una operación a tres meses y se debe devolver el papel, pero ya no se devuelve a USD 80.000, sino a USD 100.000 o más. Hay una pérdida de recursos», advirtió Vera.
Por ello, el PSC manifestó que apoyaría la normativa, siempre que se vote en dos bloques y se excluyan estos dos aspectos considerados «peligrosos» para la estabilidad de la seguridad social.
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