La Corte Constitucional emitió sentencias que declaran inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, aprobadas recientemente por el Gobierno de Daniel Noboa y respaldadas por la Bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). Las decisiones se basan en la vulneración de principios como la unidad de materia, la deliberación democrática y la publicidad, así como en el uso indebido del procedimiento de urgencia económica en la Ley de Solidaridad Nacional.
Según la Corte Constitucional, la Ley de Solidaridad Nacional mezclaba materias económicas, penales y de seguridad, y habría permitido detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, lo que motivó la impugnación de organizaciones sociales y sindicales. Por su parte, la Ley de Integridad Pública y su reglamento fueron cuestionados por no garantizar transparencia ni participación ciudadana, pese a su intención declarada de evaluar el desempeño del servicio público.
Estas resoluciones reafirman que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o carezcan de justificación económica sólida, señaló la Corte, subrayando su rol de garante del cumplimiento constitucional. Las decisiones provocaron reacciones inmediatas del Gobierno, que consideró que se limita la capacidad del Estado para enfrentar crimen organizado y corrupción.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó la medida como un golpe contra la seguridad de los ciudadanos, asegurando que las leyes revocadas eran necesarias para proteger al país de mafias y actos ilícitos. Asimismo, cuestionó la imparcialidad de la Corte y afirmó que la acción fortalece la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.
Analistas políticos señalan que la revocación de estas normas puede debilitar la posición de ADN, afectando su credibilidad ante la ciudadanía, mientras que los opositores interpretan la decisión como un triunfo del control constitucional frente a posibles abusos del Ejecutivo.
El impacto de las sentencias no se limita a la esfera legal, sino que también tiene repercusiones políticas y sociales, generando debates sobre la separación de poderes y la legitimidad de las iniciativas gubernamentales. Organizaciones de derechos humanos celebraron la resolución, señalando que protege garantías fundamentales frente a legislaciones que podrían violarlas.
Con estas decisiones, la Corte Constitucional reafirma su papel como árbitro de la legalidad en Ecuador y marca un precedente sobre los límites que enfrentan los Gobiernos para aprobar leyes urgentes sin cumplir con los procedimientos establecidos, sentando un precedente sobre la importancia de la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos.