El Gobierno ecuatoriano persiste en su acusación de que el Tren de Aragua participa activamente en las manifestaciones del paro nacional, utilizando el asunto como justificación para medidas de seguridad y represión. Según declaraciones e informes oficiales del 8 de octubre de 2025, las autoridades argumentan que la presencia de varios grupos terroristas, incluyendo a la banda venezolana, contribuye a la escalada de violencia y desorden.
En un comunicado público, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, calificó el reciente ataque a la caravana presidencial como un «intento de asesinato» y un «acto de terrorismo», vinculando el uso de la fuerza por parte de los manifestantes con la presunta influencia de elementos infiltrados.
Fuentes gubernamentales informan que cinco personas detenidas en relación con el ataque al vehículo presidencial ya están siendo investigadas por vínculos terroristas, según el informe de la ministra Inés Manzano, quien presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.
Mientras tanto, redes sociales y videos muestran momentos del ataque a la caravana, con lanzamiento de piedras y daños visibles en los vehículos en los que viajaba el presidente Noboa. El Ejecutivo utiliza estas imágenes para sustentar su tesis de que grupos organizados participaron en las manifestaciones.
La CONAIE y otras organizaciones indígenas refutan las acusaciones de colusión con grupos externos y denuncian que estas narrativas buscan justificar la represión de las protestas. Estas organizaciones exigen que se esclarezcan los hechos de los manifestantes detenidos como parte de la movilización pacífica.
El episodio intensifica el enfrentamiento entre el Gobierno y los movimientos sociales en medio del paro nacional. Las acusaciones sobre el Tren de Aragua se han convertido en un elemento central del discurso oficial para legitimar las acciones de control y exigir responsabilidades a los líderes indígenas. De este modo, la comunidad nacional e internacional sigue de cerca las consecuencias jurídicas y políticas de estas acusaciones, mientras continúa la movilización popular en las calles y el reclamo de diálogo y una investigación imparcial de los hechos.