Las alertas sobre un brote masivo de tuberculosis en la cárcel del Encuentro, ubicado en la provincia de Santa Elena, fueron desestimadas por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.
La mañana de hoy, en una entrevista al medio Visionarias, Morillo enfatizó que la situación en dicho centro penitenciario está aparentemente bajo control y que las medidas tomadas han sido de carácter preventivo.
“No existe ninguna epidemia”, enfatizó la funcionaria, tras acotar que solo hubo un caso y, por ese motivo, para precautelar la salud del resto de los reclusos, fueron trasladados más de 30 reos a otros centros penitenciarios.
La ministra defendió además las condiciones de habitabilidad en la Cárcel del Encuentro, destacando que, a diferencia de otros centros, allí “cada persona privada de la libertad ahí tiene su espacio, tiene su entorno, no existe un hacinamiento”.
Sin embargo, los datos proporcionados por organizaciones civiles contradicen la versión de Morillo. El Comité de Familiares por una Vida Digna alertó que al menos 31 Personas Privadas de la Libertad (PPL), diagnosticadas con tuberculosis, fueron trasladadas desde Santa Elena hacia la Cárcel Regional Número 4 de Guayaquil, el sábado 23 de mayo de 2026.
Las pruebas presentadas por el Comité incluyen una lista detallada de los internos y fotografías que muestran a los reos con evidentes muestras de la enfermedad, como la baja de peso y debilidad.
A esto se suma la confirmación de que entre abril y mayo ya han fallecido dos internos por esta causa en dicho penal.
Sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está recluido en la cárcel del Encuentro. Morillo sostuvo que la permanencia del burgomaestre en dicho lugar es para garantizar su “integridad” y “vida”.
Sin embargo, esto fue rechazado por la defensa técnica del alcalde. El abogado Ramiro García, del equipo jurídico de Alvarez, denunció condiciones de insalubridad extremas, señalando incluso la presencia de ratas en el área de reclusión.
García advirtió que Álvarez enfrenta una “doble amenaza biológica” debido a la epidemia de tuberculosis y a una “desnutrición acelerada” por no recibir la dieta especial que requiere tras una cirugía bariátrica.
“Mantener a un ciudadano en una celda infestada de plagas y negarle el acceso a facilidades médicas constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante”, aseveró el jurista.
Por su parte, la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, manifestó el “terror” que vive la familia ante el posible contagio. “Además de cargar con su ausencia, también tenemos que vivir con el terror de pensar que su vida puede correr peligro ahí adentro”.
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