La tensión política se traslada a las calles y a las instancias electorales. Para este martes 23 de junio, agrupaciones sindicales y movimientos sociales, entre ellos la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y el FUT, convocaron a una marcha nacional hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito. La movilización tiene como objetivo exigir el avance formal del proceso de revocatoria de mandato en contra del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
La movilización coincide con la fecha límite para que el binomio presidencial presente su contestación, allanamiento u oposición ante el organismo electoral respecto a la solicitud ciudadana. Los promotores de la iniciativa insisten en que se trata de una lucha estrictamente civil y no partidista, motivada por el presunto incumplimiento del plan de gobierno y la agudización de la crisis social y económica en el país.
De manera simultánea, el proceso de revocatoria sumó el respaldo público de figuras del ámbito jurídico. El abogado Pedro Andrade denunció que las voces críticas y los investigadores de presunta corrupción gubernamental enfrentan una «estrategia del miedo». Según el jurista, el entorno del Ejecutivo estaría utilizando instituciones como la UAFE para el bloqueo de cuentas y el estrangulamiento financiero de opositores, citando represalias recientes contra familiares de figuras públicas y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Andrade también se solidarizó con el periodista Hernán Higuera, quien recientemente decidió apartarse de la cobertura del caso Progen, también conocido como «Caso Apagón», para salvaguardar la seguridad de su familia tras presuntas intimidaciones. A pesar de calificar el escenario actual como una cruenta persecución, el abogado ratificó que no claudicará en el impulso legal de la revocatoria, la cual avanza a una fase decisiva en los tribunales electorales.
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