Con la amenaza del fenómeno de El Niño acercándose a las costas ecuatorianas y la previsión de severos impactos climáticos en el segundo semestre del año, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha puesto el foco de la preparación preventiva sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Mediante resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, la entidad rectora dispuso que los municipios y prefecturas del país presenten sus planes de acción y mitigación territorial, estableciendo incluso capacidades sancionatorias y multas para los gobiernos locales que incumplan con las labores de preparación en sus jurisdicciones.
Desde la entidad gubernamental se ha enfatizado que la primera línea de respuesta e identificación de vulnerabilidades corresponde a los municipios y gobiernos provinciales, los cuales deben definir acciones para la limpieza de canales, preparación de alojamientos temporales y obras menores de infraestructura. Sin embargo, esta exigencia a las administraciones seccionales ocurre en un contexto de crecientes críticas respecto al nivel de ejecución y a la asignación de recursos desde el propio Gobierno Central para enfrentar la crisis climática.
Analistas e informes sobre la ejecución presupuestaria del sector público revelan un fuerte contraste entre el discurso de prevención oficial y la asignación real de fondos. Más del 55 % del presupuesto asignado a la Secretaría de Gestión de Riesgos se destina al gasto corriente y al pago de nómina de personal, dejando un margen acotado para compras operativas, equipamiento directos y la ejecución de obras de prevención de gran envergadura a nivel nacional. Programas fundamentales como el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana o la gestión integral de desastres registran niveles de devengamiento presupuestario considerablemente bajos a las puertas del periodo crítico.
Esta discrepancia entre las exigencias normativas impuestas a los alcaldes y prefectos y la capacidad de financiamiento estatal genera profunda preocupación en las zonas más vulnerables de la Costa y el litoral. Representantes rurales e hídricos advierten que, sin una inyección efectiva de recursos centrales para el vial e infraestructura preventiva, los esfuerzos locales resultarán insuficientes frente a inundaciones, aluviones y el aislamiento de comunidades enteras cuando el fenómeno natural alcance su punto más álgido.
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