La Policía Nacional ejecutó el Operativo Libertad 978 y desarticuló una presunta red de extorsión que habría coordinado sus actividades desde un centro penitenciario. El procedimiento se desarrolló de manera simultánea en Manabí, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La intervención permitió detener a cuatro personas que estarían vinculadas con las amenazas contra un comerciante de 27 años, a quien exigían USD 5.000 bajo advertencias de atentar contra su vida y la de sus familiares.
De acuerdo con las investigaciones, las intimidaciones comenzaron el 14 de agosto de 2026. Los presuntos extorsionadores utilizaban WhatsApp para enviar mensajes y exigir el pago del dinero.
Para presionar a la víctima, enviaban fotografías y videos de armas de fuego y supuestos artefactos explosivos, con los que buscaban demostrar que las amenazas podían concretarse.
La Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) desplegó el operativo alrededor de las 16:30 del 26 de agosto.
Los agentes realizaron allanamientos en inmuebles de Portoviejo y La Concordia, además de intervenir en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 4, conocido como CRS Regional Guayaquil.
Según la Policía, durante las investigaciones se estableció que dos personas privadas de libertad estarían involucradas en el envío de llamadas y mensajes utilizados para las extorsiones.
Como resultado del operativo fueron aprehendidas cuatro personas:
Monserrate Arcelia R. A., de 48 años, sin antecedentes registrados.
Carlos Alfredo P. M., de 30 años, sin antecedentes.
Michael Javier A. C., de 30 años, privado de libertad, con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias y asesinato.
Jair Alexander M. R., de 28 años, también recluido, con registros por tenencia no autorizada de armas y municiones y robo.
Durante el procedimiento, los peritos de Criminalística levantaron como indicios cinco teléfonos celulares, que presuntamente habrían sido utilizados para coordinar las acciones y mantener las comunicaciones con la víctima.
Los cuatro aprehendidos y los equipos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para la audiencia correspondiente, en la que se determinarán las medidas legales y la formulación de cargos.