La renuncia de Patricia Esquetini a la vocalía del Consejo de la Judicatura (CJ), el viernes 14 de junio pasado, dejó entrever que este organismo de control de la Función Judicial actualmente estaría incurriendo en las mismas falencias que han sido denunciadas en los últimos años, con otros funcionarios en el manejo de la entidad.
Esquetini argumentó que su salida se debía a que el liderazgo del CJ no demostraba el compromiso de impulsar los cambios profundos que requiere la administración de justicia en el país. “Mi gestión como vocal del Consejo de la Judicatura se ha visto limitada…”, sostuvo en una carta dirigida al presidente de la Asamblea, César Litardo.
Juristas consultados por este Diario coinciden en que si persisten supuestas irregularidades en el funcionamiento del CJ, similares a las denuncias en administraciones anteriores, los vocales deben ser cesados.
Para el experto en Derecho Penal, Alfonso Zambrano Pasquel, si el CJ está funcionando como asegura Patricia Esquetini, lo está haciendo mal, “y debe desaparecer y nombrarse un nuevo Consejo…”.
Considera que el gran problema del Consejo de la Judicatura, que nació con la Asamblea Constituyente del 2008, es que ha estado vinculado al poder político. “Nació bajo la estructura de poder de quien manejaba el país, con absoluta dependencia”, dice Zambrano.
Y con él coinciden los penalistas Julio César Cueva y Hernán Ulloa. Este último actual vocal (suplente) del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien en el libre ejercicio de su profesión denunció la intervención política en la justicia durante la administración de Gustavo Jalkh.
“Pude concluir que el Consejo actualmente como está concebido es una herramienta peligrosa, porque dependiendo del titular o las intenciones de los vocales, podría acumular un gran poder en perjuicio de la independencia de la Función Judicial…”, sostiene Ulloa.
Esto, pese a que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial advierte que el CJ en ningún caso se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones de los jueces, fiscales y defensores públicos.
Cueva manifiesta que la institución ha sido utilizada por el poder político para presionar a los jueces. Pero agrega otro problema, según él, más importante: la mentalidad del funcionario que accede a ese cargo.
“Confunde la potestad pública que le da la Constitución y la Ley de servir a los demás con servirse o usar el poder para abusar en beneficio propio o de terceros”, indica Cueva, quien sostiene que el gran reto es saber escoger a los miembros del CJ. “El problema es que quienes los designan también tienen pues una jefa y lamentablemente el funcionario electo se equivoca y piensa que le debe el cargo a la persona que lo designa o ayuda a designarlo”.
De ahí que, según Zambrano, la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia se constituye en la prueba de fuego del CJ, cuya titular, Carmen Maldonado, fue escogida de la terna que envió el Tribunal Supremo. “Ojalá la presidenta del CJ demuestre que no tiene ninguna relación de dependencia con la Corte”.
Por ello es partidario de una reforma al proceso de designación de sus miembros. “Tenemos que pensar en otro mecanismo de conformación, que venga de la academia, por ejemplo…”, sugiere.
Cueva insiste en que todo pasa por la mentalidad del funcionario electo y no por las instituciones. “Ya hemos agotado todas las formas posibles de designar autoridades y el problema subsiste; no son las instituciones como tales las malas, no son ni las leyes que las rigen las que están equivocadas…”.
Ulloa plantea una reforma que conciba un Consejo de la Judicatura similar al de antes del 2008, “cuando era solo un organismo disciplinario y de control de los jueces”, y devolverle la independencia administrativa a la Fiscalía y a la Defensoría Pública. Aunque también está de acuerdo con la eliminación del CJ.
Cronología
1992
La Constitución Política de la República dispone la creación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
1998
Recién al final de este año, nace el CNJ, y sus miembros son elegidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo presidente lo encabezaba. El organismo solo regulaba a los jueces.
2008
La Constitución de Montecristi le cambia el nombre a Consejo de la Judicatura (CJ) y para su confirmación designa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien escogerá a los miembros por medio de concursos de mérito y oposición de ternas enviadas por varias funciones del Estado.
2013
Gustavo Jalkh, propuesto en la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fue elegido presidente del CJ durante 6 años, pero un año antes de terminar su periodo, en 2018, fue cesado por el CPCCS transitorio del ahora fallecido Julio César Trujillo.
2018
El CPCCS transitorio designó un CJ transitorio con Marcelo Merlo a la cabeza.
2019
El CPCCS transitorio eligió a los actuales vocales del CJ definitivo, que preside Carmen Maldonado
FUENTE: EL UNIVERSO