La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza. Los tres son miembros del Tribunal penal, que la mañana de este lunes 8 de julio del 2019 instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Diacelec, el cual se desprende de la trama de corrupción de Odebrecht.
La reacción de la UAFE se debe a que el Tribunal declaró en abandono la causa como acusador particular, debido a que su director, Leopoldo Quirós Rumbea, no llegó a la audiencia de juicio. Sin embargo, quienes sí acudieron fueron los procuradores judiciales de la entidad.
“La UAFE llegó a la audiencia del caso Diacelec puntualmente y contó con sus respectivos procuradores judiciales, por lo que rechaza la actitud de los jueces que declararon ilegalmente el abandono, violando el artículo 612 del Código Orgánico Integral Penal”, señaló la UAFE en un comunicado.
El artículo que cita la entidad señala: “El acusador particular podrá intervenir a través de un procurador judicial o en el caso de personas jurídicas de derecho público o privado podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. En caso de no comparecer a la instalación de la audiencia, la acusación particular, se entenderá abandonado”.
Una vez declarado en abandono, la UAFE no podrá intervenir en el juicio ni podrá dar sus argumentos o solicitar medidas de reparación. Sin embargo, quien impulsa el proceso es la Fiscalía. Esta entidad es la encargada de solicitar reparaciones integrales, acusar a los sospechosos o pedir su absolución, si no hubiere pruebas.
El caso en el que pretendía intervenir la UAFE es una investigación por supuesto lavado de activos. En el expediente se encuentran procesados el empresario Édgar Arias, su hijo, esposa, un socio y dos contadoras. Además sus empresas Diacelec y Conacero, como personas jurídicas.
Según la Fiscalía, a través de estas empresas se escondió dinero de Odebrecht, cuyo origen era ilícito. Entre 2010 y 2016, las empresas de Arias recibieron de la offshore Columbia, propiedad del empresario, USD 47 millones. De este monto, se estima que USD 14,6 millones se usaron para pago de coimas a altos funcionarios del Gobierno de Rafael Correa.
Estos montos eran ingresados a las empresas y movilizados a través de blindados. Incluso, uno de los blindados con dinero de Diacelec y Conacero entregó sumas de dinero en la oficina de Odebrecht.
Por estos hechos, Arias se encuentra detenida. Su abogado, Marcelo Ron, pidió la sustitución de la prisión, pero la solicitud fue rechazada por el Tribunal.
Fuente: El Comercio