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Sentencia de 84 y 48 meses de cárcel a cinco procesados por tráfico de municiones

by editor

Cinco de 17 procesados por tráfico de municiones  destinadas al grupo de alias Guacho, que involucró a siete militares activos, recibieron entre 84 y 48 meses de cárcel. Se sometieron al procedimiento abreviado. La audiencia de juzgamiento mediante el procedimiento especial estuvo a cargo del juez de San Lorenzo Óscar Cuenca.

Se trata de César Bravo condenado a 84 meses y al pago del valor correspondiente a 20 salarios básicos unificados (SBU); Francisco Bedón, quien recibió 70 meses de cárcel y deberá pagar 12 SBU; Cristian Medina, quien recibió la misma sentencia; y José Plaza y Jickson Arroyo, penados con 48 meses de cárcel y el pago de 12 SBU.

El exfiscal general y ahora agente fiscal Paúl Pérez Reina, señaló que los cinco procesados han consentido expresamente tanto la aplicación de este procedimiento, como la admisión de los hechos que se les atribuye. Los otros 12 procesados se someterán al procedimiento ordinario. Para ellos habrá una nueva fecha para la audiencia preparatoria de juicio que debía cumplirse el lunes y fue diferida por la inasistencia de un defensor.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado el fiscal expuso que mediante diligencias investigativas de vigilancia, seguimiento y registro en fotografías se documentaron las actividades que desarrollaban los sospechosos. Los primeros identificados con sus alias fuero el Capi, mi Sub, Gordo y Negro, quienes habrían estado comercializando armas de fuego de grueso calibre y municiones a grupos presuntamente ilegales de Colombia y a la delincuencia común.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el supuesto grupo delictivo concentraba sus actividades en diferentes lugares del país como Quito, Guayaquil y San Lorenzo (Esmeraldas), “causando con esto alarma social y un perjuicio económico a la ciudadanía y al Estado ecuatoriano”. Los tres primeros habrían sido quienes abastecían de las armas de fuego y municiones al Negro, quien sería el encargado de comercializar y distribuir el material a diferentes grupos irregulares.

El fiscal Pérez explicó al juez que posteriormente se desarrollaron otros seguimientos y vigilancias a alias Sobeida Quiñónez y otros de quienes se ubicó además sus domicilios en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Loja, El Oro y Pichincha.

Hubo también interceptación de comunicaciones para conocer el modus operandi del grupo para el tráfico de municiones. Señaló el fiscal que la mayoría de los interceptados y sus interlocutores “utilizaban jergas criminales por igual descifrados, en efecto también se pudo determinar que existían alguna vinculación con la estructura criminal del señor alias Guacho (líder de una organización criminal conocida con el nombre de Oliver Sinisterra), esta estructura tenía como un brazo operativo logístico de abastecimiento de armas…”.

Cada uno cumplía un rol específico, señaló el funcionario. En el caso de los militares en servicio activo y otros del servicio pasivo que también trabajaban en las bodegas del armamento, municiones y pertrechos de las FF. AA. serían quienes proveían el material a los grupos irregulares. La munición se transportaba en vehículos livianos y de transporte público, camuflados en productos comestibles hasta llegar a las zonas de frontera norte y proceder a su venta.

El fiscal indicó que existió la participación de un civil que trabajaba en el Ministerio de Defensa encargado del sistema de inventario logístico del Ejército, conocido con el nombre de Siloge. Él podía justificar el faltante del armamento, munición y pertrecho de sus rastrillos a través de la alteración y manipulación del sistema informático.

El operativo para desarticular la organización se cumplió el 17 de octubre de 2018 y al día siguiente se formuló cargos para 13 personas —siete militares y seis civiles—. Posteriormente se vinculó a cuatro personas más. Uno se encuentra prófugo.

Fuente: Expreso

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