La seguridad se reforzó al máximo en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Decenas de policías de grupos élites del GIR y del GOE custodian las puertas, pasillos, salones y accesos de la casa de salud. Los uniformados, equipados con armas largas y chalecos antibalas, recibieron la orden de vigilar las 24 horas a Daniel Salcedo, procesado por presunto peculado en los procesos de contratación del Hospital del IESS Los Ceibos. “Nadie puede entrar ni salir”, contó ayer, 11 de junio del 2020, uno de los agentes que es parte del operativo. Dos patrulleros también permanecen en los exteriores. Ellos tienen información de que existen amenazas de muerte en contra del sospechoso. Por eso, la Fiscalía pidió más resguardo para el procesado, ya que se considera que es clave para descubrir cómo se perpetró la compra de 4 000 bolsas de cadáveres con supuesto sobreprecio que el Hospital del Seguro realizó durante la emergencia sanitaria. Según las investigaciones, Salcedo fue parte de una estructura delictiva que se benefició de USD 594 000, valor total del contrato de las fundas. Junto a él, otras cuatro personas están procesadas. En esa lista figuran los nombres de tres funcionarios públicos y una persona natural. Este último sería familiar y socio de la gerente de la empresa que se adjudicó el contrato. La Fiscalía dice que la compañía investigada es parte de un grupo de otras cuatro empresas. Así consta en el portal de la Superintendencia de Compañías. Pero las ramificaciones de esas empresas se extienden a otras compañías. Durante el rastreo se detectó que el dinero del Hospital del IESS se movió a través de distintas cuentas. Esas conexiones identifican a Salcedo como uno de los beneficiarios del dinero de las bolsas para cadáveres. El juez que lo procesó ordenó que se bloquee judicialmente toda acción que permita al procesado cancelar pólizas o el traspaso de sus acciones en las empresas. Ampliar Daniel Salcedo permanece internado en el Hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO Según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), Salcedo figura como parte de cinco compañías. Entre las actividades de sus negocios están un bar, un local de celulares y un criadero de peces como truchas y tilapias. Ahora, esos activos son investigados por la Fiscalía para conocer si también recibieron capitales del contrato que se adjudicó durante la pandemia. Otro de los ejes de la investigación judicial es descubrir cómo se concretó la licitación y la participación de los funcionarios públicos. Los informes judiciales señalan que la contratación estuvo a cargo de la gerente del Hospital, una responsable de las compras públicas y la subdirectora administrativa financiera. La Contraloría ha evaluado el accionar de estas tres funcionarias y encontró indicios de responsabilidad penal. Entre las observaciones del ente de control se indica que suscribieron el contrato sin considerar los precios actuales del mercado y sin consultar a otros proveedores. De esta forma, el Hospital del Seguro habría pagado por cada bolsa USD 148,5, pese a que en el mercado existían ofertas desde USD 12. La Fiscalía también rastrea los movimientos de los funcionarios y cómo se logró el contacto con la empresa. Para los agentes, este último factor es determinante, pues, según la Superintendencia de Compañías, la empresa no era proveedora del Estado. Allí se indica que el capital actual de la compañía es de USD 105 845. Estos rubros generan sospechas durante las pesquisas, pues el valor del contrato con el Hospital es superior. Para los investigadores, la ruta del dinero aún está en análisis. Parte de las pericias que se practican en este caso es la identificación de cuentas, empresas y personas naturales que sirvan para lavar el dinero. Todas esas diligencias deberán evacuarse en 120 días. Ese es el tiempo que determinó el juez para que la Fiscalía recabe las evidencias. Claudia Romero, la fiscal que lidera las indagaciones, no descarta plantear a Salcedo beneficios judiciales a cambio de una cooperación y colaboración en las investigaciones. Así lo señaló en una entrevista con Teleamazonas. Por el momento, el juez del caso ordenó que Salcedo sea trasladado a la Cárcel 4 de Quito, cuando los médicos del hospital Abel Gilbert Pontón le otorguen el alta médica. Hasta ayer, 11 de junio, el estado de salud del procesado todavía era reservado. Lo mismo ocurría con los detalles del operativo que se montará cuando el sospechoso tenga que ser llevado a la capital, para que permanezca recluido.
En contexto
En mayo, la Policía y la Fiscalía realizaron allanamientos en las oficinas de Quito y Guayaquil de la empresa que vendió al Hospital del IESS, bolsas para cadáveres. Los agentes también ingresaron a esa casa de salud para recabar evidencias del contrato.