El jueves 18 dan por culminada todas las diligencias investigativas sobre el presunto delito en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de covid-19

Sobre el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas para detectar coronavirus, que hizo la secretaría de Salud del Municipio de Quito, termina este jueves 18 de marzo.
Jorge Yunda Alcalde de Quito, la secretaria de Salud, Ximena Abarca y 12 personas más, están involucradas en este proceso.
Nicolás Salas, abogado defensor de Abarca relato que cuando Abarca ingresó a la secretaria de Salud, el contrato para las pruebas COVID-19 había pasado su etapa pre contractual, se había firmado el contrato e incluso hubo una entrega-recepción de insumos, por lo que ella no participó en ninguna de las etapas contractuales afirmó que acusarla sería injusto.
En un comunicado, la Universidad de las Américas (UDLA), sostuvo que los resultados entregados al Municipio de Quito sobre la investigación que hizo acerca de la sensibilidad de las pruebas adquiridas por el Cabildo, demostraron que de cada 100 casos positivos, las pruebas no detectarían más de 65 casos, es decir, que un 35% de personas podría recibir un diagnóstico negativo a pesar de estar infectados con COVID-19.
Con respecto al informe de la UDLA, Salas mencionó que hay serios cuestionamientos a la metodología usada para realizarlo y ese centro de estudios no está acreditado como entidad de verificación.
Según el comunicado de la universidad siguieron el proceso establecido por la práctica académica de investigación científica.