El Pleno de la Asamblea Nacional finalizó el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral de las Personas con Obesidad. La iniciativa regresará ahora a la Comisión de Salud, que será la encargada de elaborar el informe para el segundo debate.
La propuesta plantea reconocer a la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible, sistémica, multifactorial, recurrente y progresiva, considerándola un tema prioritario de salud pública y dejando atrás la visión que la relaciona únicamente con aspectos estéticos.
Alcance de la propuesta
El proyecto busca establecer un marco legal que garantice el acceso a una atención integral para las personas con obesidad, promoviendo la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación. Además, plantea una estrategia coordinada entre los sectores de salud, educación, deporte, producción y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para enfrentar los factores sociales y ambientales que favorecen esta condición.
Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentran:
Priorizar la prevención mediante una alimentación saludable, actividad física y apoyo psicológico antes de recurrir a tratamientos farmacológicos.
Regular el contenido de sodio, azúcares y grasas en los alimentos procesados, así como fortalecer el control de la publicidad de productos ultraprocesados, especialmente aquella dirigida a niños y adolescentes.
Impulsar programas de detección temprana en instituciones educativas y promover entornos escolares que incentiven la actividad física.
Permitir el uso de medicamentos o cirugías bariátricas únicamente cuando exista una indicación médica respaldada por evidencia científica y las medidas preventivas no hayan dado resultados.
Incentivar la creación de espacios públicos para la práctica deportiva y ampliar el acceso gratuito a agua potable en sitios públicos y centros comerciales.
Sin incremento de burocracia
La Comisión de Salud destacó que la propuesta no contempla la creación de nuevas entidades públicas ni un aumento de la burocracia. En cambio, plantea que las acciones se ejecuten mediante la estructura actual del Sistema Nacional de Salud, bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Economía también respaldó que la implementación de la norma se financie con los presupuestos institucionales vigentes, sin requerir recursos adicionales.
Observaciones durante el debate
Durante la discusión en el Pleno, varios legisladores coincidieron en que el proyecto debe fortalecerse para convertirse en una norma con mecanismos claros de aplicación. Entre las principales recomendaciones constan la definición de obligaciones específicas para las instituciones responsables, reglas de financiamiento y sanciones en caso de incumplimiento.
La asambleísta Eliana Correa señaló que el texto requiere una revisión integral para garantizar su aplicación efectiva y evitar que se convierta únicamente en una declaración de principios. En ese sentido, propuso establecer responsabilidades, plazos y metas concretas para las entidades encargadas de ejecutar la ley.
Por su parte, la legisladora Cristina Jácome planteó reforzar las medidas de prevención mediante un etiquetado nutricional frontal más estricto y mayores controles sobre la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a menores de edad. También se propuso restringir el uso de personajes infantiles, promociones o incentivos comerciales en productos con advertencias nutricionales y establecer reducciones progresivas en los niveles de sodio, azúcar y grasas de los alimentos procesados.
Asimismo, especialistas en salud y la Defensoría del Pueblo recomendaron actualizar la terminología utilizada en el proyecto para eliminar expresiones consideradas estigmatizantes, como «obesidad mórbida», y reemplazarlas por conceptos clínicos acordes con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), con el objetivo de evitar imprecisiones y reducir la discriminación hacia las personas que padecen esta enfermedad.