Cuenca
Los bajos de la Corte Provincial de Justicia del Azuay fue el lugar donde se concentró un grupo de familiares, amigos y conocidos del expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, quien está vinculado por el presunto delito de delincuencia organizada en la adjudicación de contratos a favor de grupos y empresarios con montos que superan, en algunos casos, el millón de dólares, durante la emergencia sanitaria.
Por ahora, el exalcalde de Cuenca, electo por el partido político del correísmo, guarda prisión domiciliaria en Quito.
Granda fue vinculado al caso en noviembre del 2020 y llamado a los estrados en mayo pasado. En la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, el fiscal Eduardo Díaz presentó como presuntas pruebas en su contra y de otros 16 procesados convenios irregulares de pago que se firmaron en los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo, además la bitácora que contenía información del edificio Torres Colón de Guayaquil, donde se presume se reunieron los investigados, versiones de los guardias de dicho lugar, el análisis económico y financiero a los convenios de pago realizado por expertos de Fiscalía y Contraloría, informes investigativos de los servidores policiales, entre otros indicios.
Por esta situación, allegados a Granda se ubicaron en la Corte de Justicia para exigir justicia a su favor, pues consideran que jurídicamente en el proceso ha quedado clara su inocencia. Uno de los que participó fue Francisco Donoso, quien ante los medios de comunicación aseveró que “la situación se ha complicado en los últimos días” y como personas cercanas creen que este llamado a juicio es injusto.
“Estamos aquí por eso, para pelear, para hacer ver a la gente y a los órganos de justicia que se está tomando una decisión injusta en el caso del doctor Granda”, comentó Donoso, mientras a su alrededor los congregados portaban carteles y globos de color blanco para mostrar inconformidad con la decisión judicial.
Aunque no es el abogado defensor, Donoso aseveró que hay temas que vienen de años o periodos anteriores a que entre en esas funciones. A su criterio cuando él ingresó al IESS tomó decisiones para investigar lo que pasaba en los hospitales de Guayaquil y se descubrió que había muchas inconsistencias y hasta se presentaron denuncias. Por esto cree que las cosas “se están revirtiendo (en contra) o la gente que estuvo vinculada con estas malas actuaciones en dichos hospitales son las que están presionando para que el doctor Granda esté en la situación en la que esté”, señaló.
Otro de los que arribó al plantón fue Ricardo Darquea, excolaborador de Granda cuando fue alcalde de la ciudad. Al seguir el proceso, él está convencido de que los argumentos de sus abogados defensores no han sido escuchados, por lo que esperan que el Tribunal que lo debe juzgar valore las pruebas y lo exima de toda responsabilidad penal.
Con la misma motivación llegó María Augusta Becerra, una exfuncionaria del IESS, quien además de mostrar indignación por el tratamiento jurídico contra Granda comentó que cree en su inocencia y por eso pidió justicia.
Días atrás, el juez Ronald Guerrero, de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil, dictó sobreseimiento a favor de los hermanos Michel y Dalo Bucaram, así como su esposa, Gabriela Pazmiño, y otra persona, a quienes levantó todas las medidas cautelares que se habían dictado en su contra inicialmente. Sin embargo, el fiscal Eduardo Díaz señaló que esa decisión fue apelada y el caso pasaría a una sala penal.
Por estos aspectos, los participantes en este plantón aseguraron que estos encuentros se mantendrán a favor del también exfuncionario del anterior presidente de la República, Lenin Moreno.
Fuente: El Universo