El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció hace pocos minutos que firmó un decreto ejecutivo ordenando al directorio de la CFN que proceda con la liquidación voluntaria de Seguros Sucre. Se trata de la aseguradora estatal, que mantiene contratos con gran parte de los sectores estratégicos. Para Lasso, la medida representa “un duro golpe a la corrupción de los últimos catorce años”.
El presidente Lasso también comentó que a partir de ahora las instituciones y empresas públicas deberán contratar los seguros mediante procesos públicos, competitivos y transparentes; fijándose de manera especial en la calificación internacional de riesgo de los reaseguradores.
El decreto 82, firmado este 15 de junio, ordena además que la junta de accionistas de Seguros Sucre se convoque para tratar el tema de la liquidación voluntaria; también, que se nombre a un liquidador “que no tenga o haya tenido vínculo alguno con la compañía”. Adicionalmente, se ordena el cese de nuevos negocios y de la emisión, extensión y/o renovación de pólizas de seguro.
Adicionalmente, el decreto indica que a partir de esta fecha el directorio de CFN deberá informar mensualmente al presidente la planificación y las acciones ejecutadas para cumplir con esta disposición.
En las disposiciones transitorias, el documento dispone que las entidades del Ejecutivo, Gobierno central e institucional se abstendrán de contratar con la empresa. Sin embargo, aclara que sí se deben respetar los contratos celebrados con anterioridad a la expedición del decreto.
En el artículo 2 menciona que la Casa Militar Presidencial no dará seguridad a familiares del Ejecutivo, del segundo mandatario ni a ministros y secretarios de Estado, a menos que, sobre la base de un informe técnico de riesgo se determine la necesidad de la protección.
El decreto 1369 del 3 de mayo de 2017 fue firmado por el expresidente Rafael Correa, tres semanas antes de que dejara el poder. Con el documento buscaba garantizar la seguridad y protección de los primeros mandatarios.
“Proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y seis meses, respectivamente”, dice en el documento.
Este escrito fue una reforma al Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010. Correa cambió el literal del tercer artículo, que se refiere a las atribuciones del servicio.