Este lunes 30 de agosto del 2021 fiscales y procuradores generales de 12 países de América Latina acordaron en Panamá combatir de manera conjunta, en la esfera jurídica y penal, a las redes criminales que promueven el tráfico de migrantes, en el marco de una crisis migratoria que los afecta.
Este compromiso, adquirido por los fiscales y procuradores generales Colombia, Costa Rica, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Uruguay, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Panamá, tiene lugar cuando miles de migrantes, especialmente de Haití, se movilizan por parte de Suramérica, Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos.
Los fiscales se comprometieron a dar especial prioridad a la cooperación jurídica internacional, el intercambio espontáneo de información y la protección y asistencia a las víctimas del tráfico de personas.
La hoja de ruta emanada de esta reunión convocada coordinadamente por Panamá y Colombia pasa por establecer una cooperación para el intercambio de información permanente, organizar equipos bilaterales o multilaterales de investigación y facilitar la movilidad de funcionarios judiciales entre países.
El creciente flujo de migrantes en tránsito que entran a Panamá desde Colombia en su camino hacia Norteamérica ha llevado a estas dos naciones a establecer bilateralmente y a partir de este agosto un plan de flujo controlado de estas personas.
El esquema de flujo controlado en Panamá incluye la atención sanitaria, alimenticia y la toma de registros biométricos a los migrantes, que son recibidos en estaciones migratorias situadas en Darién y en los Planes de Gualaca, en la frontera con Costa Rica.
Mouynes afirmó que la propuesta de Panamá en la reunión de fiscales es la de buscar vías para “agilizar y generar esta cooperación judicial”, en la búsqueda de una “hoja de ruta que establezca metas muy claras para poder manejar esto de una mejor forma, de una manera controlada, segura y con un trato digno” para todos los migrantes.
Fuente: El Comercio