Un escrito judicial reveló que Washington retiró la restricción que impedía cubrir honorarios legales, tras el debate sobre el derecho constitucional a la defensa.
Un documento presentado ante la corte federal de Manhattan reveló que Estados Unidos modificó el alcance de sus sanciones contra Venezuela para permitir que se paguen los honorarios del abogado de Nicolás Maduro. La decisión elimina una traba que, según la defensa, amenazaba con afectar el proceso por narcoterrorismo que enfrenta el exmandatario en Nueva York. El ajuste se conoció en el marco del caso que se ventila en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, donde también comparece Cilia Flores.
El abogado Barry Pollack había pedido en febrero al juez Alvin Hellerstein que desestimara el caso, argumentando que las sanciones impedían a Venezuela pagar su defensa, lo que vulneraba el derecho constitucional a contar con el abogado de su elección. En una audiencia del 26 de marzo, Hellerstein fue claro sobre el principio en juego:
“El derecho que está en juego, por encima de otros derechos, es el derecho a la asistencia letrada constitucional”. El magistrado, no obstante, indicó que no tenía intención de cerrar el proceso.
La fiscalía, representada por Kyle Wirshba, defendió que las restricciones respondían a intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior, y recordó que el poder judicial no puede ordenar al Departamento del Tesoro cambiar el régimen de sanciones. Aun así, el juez observó que Washington ha relajado medidas desde la salida de Maduro del poder y apuntó que los acusados, bajo custodia en Brooklyn, “no representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional”.
El trasfondo del caso se remonta al endurecimiento de sanciones durante la presidencia de Donald Trump por denuncias de corrupción y quiebre institucional en Venezuela. Ahora, con Delcy Rodríguez al frente de la conducción interina en Caracas y señales de distensión entre ambos países, el ajuste técnico a las sanciones busca garantizar que el juicio avance sin objeciones por el acceso a la defensa. Según el escrito judicial, la modificación permite que el régimen venezolano cubra los honorarios, mientras el proceso penal sigue su curso en Nueva York.