El exvicepresidente Jorge Glas cumplió una condena de 50 meses en la prisión de Cotopaxi. Se encuentra en uno de los pabellones más vigilados.
Un equipo de agentes lo custodia las 24 horas del día. De hecho, su pabellón está muy lejos de bandas criminales o prisioneros muy peligrosos. Así lo confirman los funcionarios que trabajan en esta prisión.
En los últimos días, Glas ha recibido visitas de abogados, miembros de su familia e incluso miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También ha recibido visitas para verificar su salud y las condiciones en las que vive en prisión. En cambio, sus abogados recurren a los tribunales para asegurar la liberación del ex vicepresidente.
La forma más rápida de obtener su boleta de libertad es por un beneficio carcelario. Esto sucede porque Glas ya ha cumplido el 69,4% de su primera condena por asociación ilícita.
Este delito se cometió entre 2010 y 2012 cuando, según la Fiscalía, aceptó soborno de la multinacional Odebrecht. Esta pena fue anunciado a fines de 2017 y aprobado por el sistema judicial en tres casos.
Lo mismo sucedió con otro caso importante de corrupción en el llamado caso Soborno. En tanto, Glas fue condenado a ocho años de prisión por recibir beneficios económicos a cambio de realizar contratos estatales en sectores estratégicos. En este caso también fue condenado el expresidente Rafael Correa.
El equipo de abogados del exvicepresidente instó a los jueces a unificar las dos sentencias para que Glas solo cumpla la sentencia más alta, como se indica en el Código Penal anterior en el que fue juzgado.
Pero el juez Luis Vallejo rechazó esa solicitud hace tres días. El juez confirmó que el motivo principal fue la tercera condena por corrupción del exvicepresidente en el caso Singue. Esta sentencia aún no es definitiva y por ello las sentencias no se pueden unificar.
La Fiscalía indicó en todos los operativos que la unidad era incompatible. Por el contrario, el órgano de instrucción indicó que las penas deben ser acumulativas. Si eso sucede, se espera que el exvicepresidente cumpla 14 años de prisión. Está en vigor la acumulación de sentencias legalmente autorizadas por el Código Integral Penal.
Sin embargo, solo el juez puede determinar qué sentencias deben tenerse en cuenta al determinar el tiempo por el cual un ex servidor público debe ser condenado a prisión.
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