La Comisión de Fiscalización tiene pendiente el trámite de cuatro solicitudes de juicios políticos al Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El que más interés político provoca es el de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se espera que el bloque correísta que está representado por la bancada de Unión por la Esperanza, vuelva a retirar las firmas que tiene de respaldo en el caso de los vocales de la judicatura, exactamente como pasó en el caso en contra del procurador del Estado, Íñigo Salvador, que fue archivado.
Fernando Villavicencio que es el Presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió de lo que pasó con el juicio al procurador, porque en un hecho inusual, los propios acusadores dicen que no es necesario y lo retiraron y pidieron su archivo, con esta forma de actuar da a notar que la ley de la Función Legislativa tiene problemas. además esa acción “contradice la ética pública y afecta a la columna vertebral del Parlamento” agregó.
“Es un interés eminentemente politiquero y conspirativo, porque deja al desnudo el interés de tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y con ello tendrán el control del todo, porque el actual Consejo no es de su agrado, no fabrica los trajes a su medida” subrayó Fernando.
Reiteró que el retiro de las firmas de respaldo se debe hacer frente el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y no frente a la Comisión de Fiscalización, ya que esa mesa no está facultada para autorizar la suspensión de un juicio político, esa atribución la tiene solamente el pleno, si no se logra arreglar los vacíos, el proceso de fiscalización de podría usar como herramienta de chantaje. porque primero se amenaza al funcionario con un juicio y luego se negocia y se retira incluso pidiendo que se archiven los casos.
El juicio que se tiene en contra de cuatro vocales del CNE y un exconsejero fue por un supuesto incumplimiento de funciones, en la acusación se asegura que el organismo presidido por Diana Atamait no permitió que se verifiquen inconsistencias presentadas en las 39.000 urnas en las elecciones generales en el 2021.
Por otro lado, el CPCCS cuenta con dos solicitudes de juicios políticos, los dos procesos están en la espera de que primero se evacuen las solicitudes de interpelación en contra del CNE y CI.
En el primer caso se presentó en contra de cuatro funcionarios que actualmente integran la mayoría en el organismo, por haber modificado el reglamento para elegir nuevo contralor General del Estado, la segunda petición surge luego que acusaron a siete integrantes de CPCCS de incumplir funciones en la designación de Cesar Córdova como defensor del Pueblo encargado, destituir al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y por el nombramiento de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial.
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