Este martes 10 de mayo se llevó a cabo la audiencia, con una duración de casi cinco horas, para analizar la acción de protección interpuesta por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, en contra de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El resultado de dicha audiencia fue el rechazo a la acción de protección por parte Raquel Herrera, jueza de la Unidad Judicial de la Familia.
Herrera consideró que no vulneraron los derechos al debido proceso ni a la seguridad jurídica, como lo afirmaba la presidenta de la Asamblea, al calificar la denuncia presentada por Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano.
La jueza reconoció la potestas del CAL para cambiar el orden del día en una sesión donde se impuso una mayoría contraria a Llori y se creó una comisión pluripartidista para investigarla con el objetivo de destituirla de su cargo. En tres días se notificará la resolución.
Ante la decisión de Herrera, Llori y Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea y su representante en este trámite, anunciaron que apelarán el fallo ante la Corte Provincial de Pichincha.
La presidenta del Legislativo expresó: “Hemos pedido una apelación para hacer respetar los derechos, tanto de la Asamblea Nacional, como los derechos humanos de la presidenta de la Asamblea”. Asegura que sus derechos y la seguridad jurídica fueron vulnerados por el CAL.
Mientras que Salazar indicó que no le sorprende la decisión judicial, pues aseguró que la jueza y la secretaria del juzgado fueron denunciadas “por meter mano en el proceso constitucional”.
El representante de Llori espetó: “Sabíamos que había anomalías respecto de esa judicatura constitucional, lo habíamos advertido hace unos 20 días atrás y ya el control disciplinario de la Judicatura abrió el expediente respectivo…de inicio, la jueza pretendía archivar la acción de protección, sin haber notificado a la presidenta de la Asamblea”.
Aparte, Salazar rechazó por completo la denuncia por el supuesto peculado presentada en su contra y de Llori por estas acciones judiciales.
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