El Tribunal de Garantías Penales condenó a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram, señalados como colaboradores del delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid-19.
Luego de seis intentos fallidos para instalar la audiencia de sentencia, el exmandatario finalmente escuchó la resolución del Tribunal, una vez que solicitó el alta médica de la clínica de Guayaquil donde permanecía internado por un problema cardíaco.
El expresidente, de 74 años, permanecía internado en la Clínica de Especialidades Borja, en Guayaquil, desde inicios de septiembre de 2026. Su estado de salud había impedido la instalación de la audiencia de sentencia, que fue declarada fallida en seis ocasiones.
La Fiscalía General del Estado indicó que el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT), Leandro Berrones, tuvo una pena de trece años y cuatro meses, mientras que Sheinman Oren recibió una condena reducida de dos años y ocho meses. Los dos últimos procesados fueron acusados como autores directos.
En el transcurso de este proceso —que duró más de cinco años—, la Fiscal del caso sostuvo que, entre marzo y agosto de 2020, los acusados conformaron una estructura delictiva organizada que, de forma reiterada y concertada, cometió delitos relacionados con enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos públicos.
“Estas conductas delictivas se originaron con la comercialización de 21.000 pruebas para detectar Covid-19, mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo, entre otros insumos médicos, sin registro único de contribuyentes, incumpliendo obligaciones tributarias y sin autorización para ejercer dicha actividad”, señaló.
La Fiscal sostuvo que se probó que la organización delictiva tuvo como finalidad obtener beneficios económicos y de orden material, aprovechándose de la emergencia sanitaria originada por la pandemia, lo que constituyó como una de las circunstancias agravantes que el Tribunal tomó en cuenta al momento de emitir el fallo condenatorio.
Para sustentar el caso, Fiscalía presentó más de 100 elementos de prueba, entre peritos, testigos y documentos, a más de una cooperación eficaz, que no pudieron ser controvertidas por las defensas de los procesados en la audiencia de juicio.
De esta manera, la Fiscal sustentó que Jacobo Bucaram adquirió las 21.000 pruebas de Covid-19 por una suma, que no justificó, de USD 321.000 que pagó en efectivo, sin una trazabilidad, es de decir, sin utilizar los canales del Sistema Financiero Nacional, conforme consta en la versión de Shy Dahan, ciudadano israelí asesinado el 8 de agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral.
Para trasladar estos insumos desde Quito a Guayaquil, la Fiscalía explicó que esta organización movilizó bienes y agentes de la AMT. Uno de ellos fue Berrones, quien custodiaba y brindaba seguridad a Oren y Dahan.
Estos últimos trasladaron las pruebas hasta el domicilio de Abdalá B. O., en Guayaquil. Él, a más de las pruebas de Covid-19, almacenó otros insumos médicos como mascarillas y lancetas para obtener muestras de sangre.
Tras la sentencia, el exmandatario enfatizó que “el fallo macabro e inmoral va a ser anulado”, ya que tiene “la prueba de 40 tweets de uno de los jueces del año 2020 donde despotrica contra mi familia. En cualquier país del mundo ese juez debía excusarse, pero no lo hizo”.
Comentó que apelará la condena y que este jueves 10 de septiembre, a las 13:00, dará una rueda de prensa en la que presentará 40 tweets del juez.
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