Este lunes 31 de agosto, el jurista Julio César Cueva, miembro de la defensa de Aquiles Alvarez, cuestionó el veredicto oral del Tribunal de Garantías Penales que condenó al alcalde de Guayaquil a seis años y ocho meses de prisión por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos.
Cueva enfatizó que dicho fallo, emitido el sábado 29 de agosto, fue “bastante corto” y “escueto”, además que contiene serias contradicciones de lógica jurídica y contable que serán impugnadas una vez que se notifique la sentencia por escrito.
«La condena es tan forzada que no refleja lo que realmente ocurrió en audiencia y, mucho menos, lo que arrojó la prueba», indicó.
Este dictamen del caso Triple A es la segunda condena de primera instancia contra el burgomaestre, quien ya cuenta con una pena previa de tres años de cárcel por el denominado caso Grillete. Actualmente, el funcionario se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
“La sentencia no refleja lo que pasó en el juicio”, subrayó Cueva, tras acotar que el tribunal incurrió en interpretaciones equivocadas de las normas legales y valoró elementos probatorios de forma contradictoria.
Entre las inconsistencias señaladas por el abogado destaca lo referente al perjuicio económico. El tribunal fijó en USD 61,5 millones la reparación integral al Estado por el supuesto desvío de aproximadamente 22 millones de galones de combustible.
Cueva explicó que, si se divide esa cantidad de dinero para los galones señalados, el resultado es de USD 2,77 por galón, que coincide exactamente con el precio comercial del combustible en la época. “Ellos no están acusados de robar combustible”, sentenció el abogado.
Detalló que Petroecuador no ha denunciado que se le haya dejado de pagar por el producto, sino un desvío que tampoco fue probado. Por ende, calificar el valor completo del combustible como perjuicio carece de lógica contable y legal.
Otro punto es la absolución de gasolineras y la condena de Alvarez. Cueva cuestionó la contradicción de responsabilizar a Alvarez por una presunta falta de control sobre determinadas estaciones de servicio en la frontera, mientras que los operadores y propietarios de esas mismas gasolineras fueron declarados inocentes en la misma sentencia.
“¿Cómo puedes tú entender eso? Es culpable de no haber controlado algo de una persona que además la declaran inocente”.
El jurista adelantó que el siguiente paso de la defensa de Alvarez dependerá de lo que se establezca en la sentencia escrita, para definir si cabe un recurso de aclaración o de ampliación, y posteriormente apelarán la resolución.
Foto Cortesía