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Amarres y amenazas en el proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado

by Kelvin Jarama Mera

El proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado tomó un giro después de que Hernán Ulloa asumió la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en febrero pasado, tras conformar una nueva mayoría que removió a la entonces titular Sofía Almeida.

Ulloa llegó a la presidencia del CPCCS respaldado por el Ejecutivo que, el día de la sesión en que se consolidó la nueva mayoría, ordenó a la Policía sitiar el edificio del Consejo.

El 17 de febrero, los consejeros Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira reformaron el reglamento de selección e incluyeron puntos polémicos como un examen oral calificado sobre 20 puntos, que podría prestarse para subjetividades.

Otro cambio fue mantener en reserva las preguntas del examen escrito, sobre 30 puntos. El reglamento anterior establecía que se entreguen las preguntas a los postulantes con 48 horas previas al examen, con el fin de que puedan prepararse en igualdad de condiciones.

Lo curioso de las reformas del reglamento es que las modificaciones fueron elaboradas por la fundación privada Ciudadanía y Desarrollo y entregada al CPCCS, el 20 de diciembre de 2021, antes de que Ulloa llegue a la presidencia.

Pero esas no son las únicas novedades que se han presentado en este proceso. La integración de la Comisión Ciudadana de Selección, que se encargará de llevar adelante el concurso de méritos y oposición para elegir al nuevo contralor, habría sido irregular.

El veedor ciudadano Guido Egas denunció supuestas presiones para favorecer a postulantes recomendados por el Gobierno con el fin de tener mayoría en la comisión de selección.

El proceso se inició con 158 aspirantes, de los cuales 30 fueron seleccionados como los mejores puntuados. Según Egas, 12 de “los recomendados” pasaron esa fase.

De una lista de supuestos favorecidos presentada por el veedor, coinciden con la nómina de los 30 mejores calificados: Marco Antonio Chalco, Nelson Suárez Carvajal, Emilio Cárdenas Astudillo, Jeny Solís Olalla, Norma Oña Changoluisa y Carmen Atupaña Guamán.

El CPCCS puso a disposición de la población las hojas de vida y los expedientes de los 30 aspirantes a comisionados ciudadanos, a fin de que puedan ser observados e impugnados.

Sin embargo, no todos los expedientes se abrieron en la página web del CPCCS, como el caso de Evelyn Loor Jaramillo e Idilia Fernanda Bravo Bravo.

Por petición de una veedora, la notaria Décima Tercera del cantón Cuenca, Mayra Arias Vega, certificó que no fue posible abrir el expediente de Idilia Bravo porque en el sistema aparecía: “Error establishing a database connection”.

Un documento con estas presuntas irregularidades, al que tuvo acceso Radio Pichincha, fue remitido por la veedora  Eulalia Freire Losano al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio. Sin embargo, no hubo respuesta del legislador.

La veedora sostiene en el documento enviado a Villavicencio que la imposibilidad de abrir determinados expedientes impidió a los ciudadanos revisar la información y presentar impugnaciones.

Con la presencia de un notario público, el 27 de julio el CPCCS realizó el sorteo de los cinco comisionados, titulares y suplentes, representantes de la sociedad civil y de los cinco delegados de las funciones del Estado.

El 28 de octubre fueron posesionados, por la sociedad civil: Janneth Ojeda Polo, Lenin Uquillas Casalombo, Melisa Cabrera y Marco Antonio Chalco Livisaca, mientras que José Pazmiño Enríquez no asistió.

Los suplentes ciudadanos son: Katherine Narváez Zapata, Wilson Granizo Valdez, Evelyn Loor Jaramillo, Édison Narváez Zúñiga y Carmen Atupaña Guamán, esta última se principalizaría en reemplazo de Pazmiño.

Los comisionados representantes de las funciones del Estado son: Eugenia García Fernández, por la función Judicial; Juan Guaña Pilataxi, por Transparencia y Control Social; Maribel Baldeón Andrade, por la función Electoral; Jhossueth Almeida, por el Ejecutivo; y Nary Galarza Escobar, por la Asamblea.

Los suplentes son: Hugo Acuña Vizcaíno, Toa Murgueytio Núñez, Jorge Benítez Sánchez y Andrea Jiménez Chérrez, respectivamente.

Durante la sesión de posesión, varios veedores ciudadanos solicitaron intervenir, pero el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, les impidió tomar la palabra.

Pese a que se posesionaron solo cuatro de los cinco delegados ciudadanos, la comisión de selección abrió el 11 de noviembre la convocatoria para el concurso de selección del nuevo contralor.

Y mientras se denuncian presuntas irregularidades en este proceso, los cuatro consejeros de mayoría del CPCCS deberán afrontar una posible censura y destitución, después de que la Asamblea Nacional aprobó con 84 votos, este martes 15 de noviembre, su enjuiciamiento político.

Tres de ellos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, se postularon para la reelección en las elecciones del próximo 5 de febrero.

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