Lo llevó a cabo luego de que ella renunciara a su lucha por asumir la presidencia de la Judicatura.
La prohibición de Alexandra Villacís para ocupar un cargo público fue abolida por el Ministerio del Trabajo. Esto sucedió este lunes, a seis días de que la funcionaria dimitiera a su puesto de vocal suplente del Consejo de la Judicatura y a tres semanas de la decisión que mandaba quitar esa prohibición «de inmediato». Gonzalo Albán, exintegrante del Consejo de Participación, expresó su opinión:
“Justicia que llega tarde no es justicia, esto n os lleva a una pregunta muy importante, se estaba esperando que la doctora Villasís renuncie para poder levantar la inhabilitad que presentaba el Ministerio de Trabajo ”.
Viviana Pila, la jueza, rechazó el recurso de aclaración del Ministerio del Trabajo ayer; con este recurso se estaba posponiendo la ejecución de la sentencia. Y en ese mismo día, después de las 10 PM, la Secretaría de Estado incorporó el documento que confirmaba que había levantado la prohibición a Villacís, así como un enlace al noticiero de TC Televisión en el que un funcionario ofrecía disculpas públicas a Villacís durante 18 segundos.
“Si hay algo que no debe aplicar jamás para las instituciones y es eso de es mejor pedir perdón que pedir permiso; el daño ya está hecho definitivamente”.
En opinión del exfuncionario, el caso de Villacís demostró que diversas instituciones se unieron para evitar que la funcionaria asumiera la presidencia de la Judicatura y para encontrarle una sustituta. Estas son las siguientes:
·Ministerio del Trabajo
·Consejo de la Judicatura
·Corte Nacional de Justicia
·Consejo de Participación
El líder de esta última entidad, que está organizando el concurso, lo contradijo.
“Nosotros no tenemos competencia de andar bloqueando. La activación de la selección de mecanismos lo hace el Consejo de la Judicatura, la función judicial y la competencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es activar procesos”.
De todos modos, Villacís logró que se levantara la prohibición únicamente tras renunciar a su puesto como presidenta de la Judicatura, como era su deber. El concurso cuestionado para reemplazarla sigue en pie.