Nuevas limitaciones en el ejercicio del derecho a la defensa del alcalde Aquiles Alvarez. Su abogado, Ramiro García, ha señalado que durante varios días no se permitió una comunicación directa y oportuna entre el procesado y su equipo jurídico, situación que afecta el desarrollo de su estrategia legal.
De acuerdo con lo expuesto, desde el jueves pasado, fecha en la que la Sala Provincial Anticorrupción dejó sin efecto la prisión preventiva de varios procesados, no se atendieron los pedidos reiterados de reunión telemática con su defendido. El contacto se logró únicamente tras insistentes gestiones.
La defensa sostiene que este hecho no es aislado, sino que constituye una más de las varias vulneraciones al derecho a la defensa dentro del proceso, comprometiendo garantías constitucionales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Asimismo, se cuestionan las condiciones en las que se permite la comunicación entre el procesado y su abogado, ya que las conversaciones deben realizarse a través de un vidrio, sin privacidad y bajo presencia constante de personal policial, lo que impide un intercambio confidencial.
A esto se suma que no se permite el ingreso de documentación para su revisión y firma por parte del alcalde, obstaculizando actuaciones propias de la defensa técnica.
Es importante enfatizar que la comunicación reservada entre abogado y defendido no es una concesión, sino una garantía fundamental reconocida en la Constitución y en estándares internacionales, por lo
que insiste en que se restablezcan condiciones adecuadas para su ejercicio.
Estas circunstancias han sido expuestas en reiteradas ocasiones por el equipo legal del alcalde, sin que hasta el momento se hayan adoptado correctivos efectivos, lo que continúa afectando la legitimidad del proceso.
Restricciones al acceso a la defensa evidencian irregularidades en el proceso contra Aquiles Alvarez
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