El asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, sigue provocando reacciones, esta vez a nivel global.
La entidad Human Rights Watch (HRW) se pronunció en relación al incidente y, a través de un comunicado, solicitó al Gobierno de Ecuador una indagación rápida, autónoma y justa. También exigió que se implementen medidas adicionales de seguridad y protección para aquellos funcionarios judiciales que están bajo amenazas debido a su trabajo.
En mayo de 2026, un investigador de HRW tuvo una charla con Bravo en Manta para hablar sobre sus indagaciones respecto a ataques a barcos pesqueros mediante drones. Durante esa conversación, la fiscal fue clara acerca de la dificultad de su labor:
“Ser fiscal en medio de la criminalidad organizada es sumamente complicado… El riesgo siempre está presente,” afirmó Bravo.
Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, corroboró que Bravo manifestó abiertamente su temor por la fuerte influencia de organizaciones delictivas en la provincia de Manabí. A pesar de sus advertencias, la fiscal fue abordada por un hombre armado cuando se dirigía a su vehículo, en un ataque que la policía consideró premeditado.
Bravo no era ajena al riesgo. Durante varios años, lideró investigaciones cruciales sobre asesinatos, secuestros y crimen organizado en Manabí, una de las áreas más violentas del país. Recientemente, sus pesquisas se enfocaban en un incendio masivo de barcos y ataques con drones cerca de las Islas Galápagos.
Entre sus investigaciones más delicadas y recientes estaban las indagaciones sobre los ataques con drones realizados entre enero y marzo contra tres embarcaciones pesqueras específicas:
Fiorella
Negra Francisca Duarte II
Don Maca.
Después del asesinato, la Fiscalía General del Estado calificó el suceso como una “represalia” en respuesta a la lucha institucional contra grupos criminales. Sin embargo, para HRW, este asesinato representa una manifestación de un problema sistémico: Bravo se convierte en la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022, sumando los casos de Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez.
Críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno
El fallecimiento de la fiscal generó críticas hacia la administración del presidente Daniel Noboa. Goebertus indicó que el Gobierno debe dejar de considerar al sistema de justicia como algo “secundario”. Según la directora de HRW, la estrategia oficial se ha enfocado en estados de excepción y en concebir el conflicto como una guerra armada, pero ha fallado en potenciar la protección de jueces, fiscales e investigadores.
“Ecuador es poco probable que ponga fin a su ciclo de violencia si no toma medidas urgentes para salvaguardar a los funcionarios que investigan a las organizaciones criminales,” afirmó Goebertus.
Recordó que los operadores de justicia a menudo no cuentan con herramientas adecuadas para llevar a cabo sus funciones de manera segura.
Bravo no era una funcionaria ajena al peligro. A lo largo de varios años dirigió investigaciones cruciales relacionadas con homicidios, secuestros y crimen organizado en Manabí, considerada una de las regiones más violentas del país. Recientemente, sus pesquisas abarcaban un incendio devastador de barcos y ataques con drones cerca de las Islas Galápagos.
Además, entre otros de sus casos más críticos y recientes se encontraban las investigaciones acerca de los ataques con drones que ocurrieron entre enero y marzo contra tres embarcaciones pesqueras concretas:
-Fiorella
-Negra Francisca Duarte II
-Don Maca.
Luego del crimen, la Fiscalía General del Estado describió el suceso como una “venganza” como parte de la lucha institucional contra las organizaciones criminales. Sin embargo, para HRW, este homicidio simboliza una falla sistémica: Bravo es la tercera fiscal asesinada en Manta desde el año 2022, sumándose a las muertes de Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez.
Críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno
El asesinato de la fiscal provocó críticas hacia el gobierno del presidente Daniel Noboa. Goebertus advirtió que la administración debe dejar de ver el sistema judicial como un aspecto “secundario”. Según la directora de HRW, la estrategia gubernamental se ha enfocado en estados de excepción y en concebir el conflicto como una guerra armada, pero ha fallado en reforzar la protección de jueces, fiscales e investigadores.
“Ecuador no conseguirá detener su ciclo de violencia si no actúa urgentemente para salvaguardar a los funcionarios que investigan a los grupos criminales”, concluyó Goebertus.
Recordó que quienes operan en la justicia frecuentes carecen de herramientas esenciales, vehículos blindados o suficiente personal forense para llevar a cabo su labor de manera segura.