La bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) presentó de manera oficial una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano. El bloque legislativo busca establecer la responsabilidad política de la exfuncionaria en la contratación de generadores eléctricos termoeléctricos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), catalogados como inservibles.
A través de una rueda de prensa y un comunicado oficial, la Bancada Ciudadana argumentó que existen graves irregularidades que configuran un presunto incumplimiento de funciones. La legisladora Mónica Palacios aseguró que se detectaron nuevos elementos que demuestran que Manzano presuntamente autorizó y permitió millonarios desembolsos económicos a favor de las contratistas, a pesar de que ya existían alertas explícitas de flagrantes incumplimientos contractuales.
Según los datos presentados por la agrupación política, el perjuicio económico directo en contra del Estado ecuatoriano asciende a más de 71 millones de dólares exclusivamente en el contrato con ATM, cifra que la oposición estima podría escalar hasta los 180 millones de dólares al consolidar todo el entramado de la crisis energética de 2024. El correísmo denunció que estos millonarios recursos públicos se entregaron a firmas severamente cuestionadas por la Contraloría General del Estado.
Este constituye el tercer intento de la Revolución Ciudadana por llevar al banquillo de fiscalización a Manzano. Los procesos previos naufragaron en las instancias legislativas; el primero fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por falta de firmas, mientras que el segundo intento fue bloqueado el pasado 6 de junio en la Comisión de Fiscalización con los votos de abstención del bloque oficialista ADN y sus aliados.
Como parte del sustento para reabrir el caso, la oposición apunta a la reciente filtración de audios comprometedores entre Manzano y el exgerente de Celec EP, Fabián Calero, quien actualmente enfrenta cargos penales junto a otros 18 funcionarios dentro del denominado «Caso Apagón». Con esta nueva solicitud formalizada, el trámite deberá regresar al CAL para calificar el cumplimiento de requisitos e iniciar un nuevo debate en el Pleno legislativo.
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