La eliminación de la tasa de recolección de basura de las planillas eléctricas, dispuesta por el Gobierno de Daniel Noboa en octubre de 2025, continúa generando debate político. Ocho meses después de la medida, la Asamblea Nacional aprobó una resolución impulsada por la bancada oficialista ADN que exhorta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a revisar los mecanismos de cobro implementados tras la decisión del Ejecutivo.
La disposición gubernamental obligó a las empresas eléctricas a dejar de recaudar este rubro, lo que afectó convenios vigentes con 41 municipios del país. Ante esta situación, varias administraciones locales buscaron alternativas para garantizar el financiamiento del servicio de recolección de desechos.
En el caso de Quito, el Municipio trasladó el cobro a la planilla de agua potable mediante una ordenanza que estableció una tarifa progresiva basada en el consumo. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos por el incremento que registraron algunos usuarios.
Durante la sesión del Pleno del 17 de junio, la Asamblea aprobó con 81 votos una resolución presentada por el legislador Xavier Ordóñez, de ADN, que solicita a los municipios revisar sus metodologías de cálculo, los criterios para determinar valores y los mecanismos de socialización con la ciudadanía.
Desde la oposición se argumentó que los problemas actuales son consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno al eliminar el cobro en las facturas eléctricas. Legisladores señalaron que la medida obligó a los municipios a buscar nuevas vías de recaudación, lo que derivó en ajustes tarifarios y malestar ciudadano.
El debate se produce en medio de un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones seccionales y por las diferencias entre el Gobierno y varios municipios del país.