Senescyt criticó también que la Corte Constitucional no haya considerado al proyecto como urgente, a pesar de la cantidad de personas involucradas en esta situación. Para la Senescyt, tras esta decisión, más de 45.000 personas no podrán salir de la central de Riesgos, por no haber cumplido con sus compromisos económicos, igualmente, lo relacionado a los intereses.
También mencionó la preocupación e indignación ante dicho pronunciamiento. “Esta decisión niega una posible solución y tranquilidad para miles de jóvenes, padres y madres de familia que, durante varios años, buscaron un mejor futuro para sus hijos al solicitar un crédito estudiantil, enfrentándose a una de las situaciones más difíciles de sus vidas. El Gobierno del Ecuador buscó una solución definitiva a través de este decreto-ley, lo cual hace que esta resolución sea aún más impactante para todas las partes involucradas”.
Foto cortesía: El telégrafo
