El Gobierno nacional debe suspender cien proyectos estratégicos, hidrocarburíferos y mineros hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad contra el reglamento del Código Orgánico de Ambiente.
La Corte Constitucional emitió una medida de suspensión provisional para el Decreto Ejecutivo 754, que contenía reformas al Reglamento del Código Orgánico de Ambiente.
El 31 de julio de 2023, el tribunal integrado por los magistrados Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Richard Ortiz, admitieron a trámite una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y por el fondo planteada por la Fundación Pachamama, el Centro de Derechos de la Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Los grupos de la sociedad civil solicitaron medidas cautelares para suspender la ejecución de las reformas al considerar que violan la Constitución, instrumentos internacionales y jurisprudencia de la Corte relacionados con la consulta previa y ambiental en proyectos extractivos.
Los jueces aceptaron la solicitud y provisionalmente suspendieron el Decreto Ejecutivo 754, basándose en la existencia de «hechos creíbles o verosímiles, la inminencia y la gravedad del daño».
Con ello, el efecto de la medida fue que más de 100 proyectos relacionados con recursos naturales se suspenderán ante la ausencia de norma de consulta ambiental.
De acuerdo con información de la Presidencia de la República, estaban en trámite unos 150 proyectos relacionados con lo eléctrico, hidrocarburos y minería que el gobierno de Guillermo Lasso pretendía iniciar.
Este Decreto Ejecutivo 754 incorpora reformas al reglamento al Código Orgánico Ambiental, articuladas a la ejecución de la consulta ambiental y la participación ciudadana de los territorios o comunidades en los que se buscaría iniciar un proyecto estratégico.
Una de las reformas reglamentarias que puso en vigencia el jefe de Estado señalan que la autoridad ambiental o gobiernos autónomos descentralizados «se encargarán de la ejecución del Proceso de Participación Ciudadana para la consulta ambiental».
Pero, en el caso de que en este procedimiento «resulte una oposición mayoritaria del sujeto consultado, la decisión de otorgar o no el permiso ambiental será adoptado por resolución debidamente motivada por la autoridad ambiental».
El reglamento gubernamental señala que el alcance de la participación ciudadana para la consulta ambiental se realizará para proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico.
También para proyectos de «bajo impacto ambiental del sector hidrocarburo y minero» y deben realizarse previo a otorgar los permisos ambientales.
Los demandantes alegan que el artículo en cuestión incumple el derecho a la consulta pre legislativa establecido en el artículo 57 de la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y confunde el derecho a la consulta libre, previa e informada con el derecho a la consulta ambiental contemplado en el artículo 398 de la Carta Política.
Según los recurrentes, esto representa una amenaza grave e inminente para las comunidades afectadas por los proyectos mineros, ya que se estarían realizando consultas fuera del marco constitucional y de los derechos humanos, violando los derechos a la consulta libre, previa e informada, el consentimiento, la propiedad de sus territorios y su identidad cultural. Argumentan que estas violaciones de derechos pueden causar daños ambientales severos y afectar los derechos de la naturaleza debido a la ejecución de proyectos mineros sin previas consultas.
Además, señalaron que en los cantones Las Naves (Guaranda) y Palo Quemado (Cotopaxi) se han llevado a cabo consultas ambientales para proyectos de extracción minera, lo que ha provocado enfrentamientos entre los comuneros y las fuerzas de seguridad.