La audiencia de formulación de cargos programada para el 6 de septiembre de 2023, que involucraba al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, y otros dos exfuncionarios en el caso de Reconstrucción de Manabí, no se llevó a cabo. Esto se debió a la ausencia del abogado de Glas en la Corte Nacional.
La fiscal Diana Salazar expresó su descontento por la ausencia, alegando que el abogado faltó debido a una alergia. Posteriormente, solicitó al juez Luis Rivera que permitiera que el defensor público actuara en su lugar. Sin embargo, esta solicitud no fue aceptada.
El caso Reconstrucción de Manabí se relaciona con el terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter que afectó principalmente a las provincias de Esmeraldas y Manabí.
El 20 de mayo de 2016 se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, destinada a la reconstrucción y reactivación de las áreas afectadas por este desastre natural. Esta ley implicaba la recaudación de fondos a partir de la remuneración de los trabajadores ecuatorianos, con el propósito de financiar la reconstrucción de las zonas costeras del país.
Se lograron recaudar más de USD 1.614 millones, pero, según la Fiscalía, estos fondos se destinaron a contratos y proyectos que no eran considerados prioritarios en el contexto del terremoto. En otras palabras, no se utilizaron para atender las necesidades urgentes de los damnificados.
En ese momento, Jorge Glas presidía el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, mientras que los otros dos involucrados en el caso son Carlos Bernal, quien fungía como exsecretario del Comité para la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico.
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