Home Actualidad La idea presentada por Daniel Noboa sobre las cárceles flotantes: un plan de difícil implementación en el contexto ecuatoriano

La idea presentada por Daniel Noboa sobre las cárceles flotantes: un plan de difícil implementación en el contexto ecuatoriano

by Ecuador En Directo

Según la opinión de expertos, la aplicación de este método de reclusión no es factible en Ecuador.

El presidente electo, Daniel Noboa, prometió durante la campaña electoral la implementación de cárceles flotantes en Ecuador con el propósito de aislar a los reos más peligrosos del país. “En primer lugar, debido a la falta de tiempo, y en segundo lugar, porque las cárceles flotantes pueden funcionar durante un período de ocho a diez años. Estas instalaciones mantendrían a los criminales más violentos alejados de la costa, a unas 80 millas dentro del espacio marítimo ecuatoriano, con el fin de evitar que se conviertan en centros de organización del crimen y para que la reclusión sea un castigo, no un lugar de vacaciones”, afirmó el empresario y político en una entrevista.

No obstante, según la opinión de expertos, la implementación de esta forma de reclusión no es factible en el país debido a una serie de problemas que deben abordarse primero. En primer lugar, existe infraestructura penitenciaria existente en la que no se invierte lo suficiente en seguridad, infraestructura y en una administración eficiente.

Las instalaciones carcelarias flotantes no están exentas de problemas y precariedades. Por ejemplo, en agosto pasado, en el Reino Unido, se trasladó a los primeros 50 migrantes al barco Bibby Stockholm, el cual tuvo que ser evacuado una semana después debido a la contaminación del sistema de agua y una propagación de la bacteria legionela.

Estas embarcaciones requieren que un gobierno las solicite y las adapte según sus necesidades, ya que su construcción es costosa. Un ejemplo de ello es la prisión “The Boat” en Nueva York, Estados Unidos, que se construyó en respuesta al hacinamiento en las prisiones durante la década de 1980. Para su funcionamiento anual, se necesitan $24 millones, y se invirtieron otros $162 millones en su construcción. A pesar de los esfuerzos, en 2020, un recluso de 30 años logró evadir la vigilancia y escapar, aunque fue capturado poco después.

El experto en seguridad y defensa pública, Diego Pérez, argumenta que la propuesta de las cárceles flotantes carece de sentido, considerando que ya existen cárceles con una serie de problemas, aunque se reconoce la necesidad de racionalizar el uso de los recursos. Además, señala que el proceso a través del sistema de Compras Públicas puede ser largo y complicado, desde justificar el tipo de barcaza hasta obtener la autorización necesaria. En su opinión, parece ser una declaración para ganar atención mediática, pero carece de un fundamento sustancial.

Es importante destacar que esta propuesta no forma parte del plan de gobierno presentado ante el Consejo Nacional Electoral por Daniel Noboa. Aunque ha mencionado el tema en entrevistas, especialmente en medios internacionales, no ha proporcionado detalles sobre su financiamiento. Esto es un motivo de preocupación para los analistas, ya que Ecuador enfrenta desafíos significativos en términos tecnológicos y de vigilancia.

Porque, además del combustible para la embarcación, necesita de supervisión aérea, satelital, embarcaciones adicionales de custodia, sistema de vigilancia de cámaras, de comunicación, tecnología, un sistema de distribución de comida, suministros, utensilios, y más costos de operación que serían mucho más altos porque son en agua y no en tierra como las demás prisiones existentes.

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, enfatiza que existen también otros aspectos que pueden pasar una factura más alta y no necesariamente económica, sino relacionadas con la paz. Porque precisamente es por mar en donde más tráfico de droga se moviliza.

“Es cuidar que los presos no obtengan teléfonos satelitales, que se establezca un área de dominio en el mar, algo que resulte sumamente costoso y no me refiero al dinero”. Otra variable de análisis es la metodología que se va a usar para que se implemente la medida, debido a que la Policía Nacional y los militares son quienes apoyan al Servicio Nacional de Atención a Personas privadas de Libertad (SNAI) en el resguardo carcelario en la tierra.

Va a tener que hacerlo quizá vía decreto y, además, darle potestad a la Armada del Ecuador para que regule y apoye al sistema penitenciario porque es nuestra policía en el agua. Pero interoperatividad entre instituciones es muy poca; ya se ha demostrado entre la Policía y el sistema de Justicia. Capacitación a los guías penitenciarios para controlar adentro de la barcaza y que no exista infiltración de la corrupción como sucede en la tierra”, agregó.

Juan José Hidalgo, especialista en Derecho Penal y Criminología, recomienda no implementar dicha medida en el país porque aparte de que no cuenta con los recursos para su construcción, el alquilar una infraestructura como esta, sin depurar los malos elementos en las Fuerzas Armadas, será contribuir a la expansión de la violencia criminal en el país.

“Primero deben tomar el control de las cárceles existentes, esto no es un problema solo de delincuencia, está infiltrada e involucrada la ciudadanía, en la economía y más. Se han tomado territorios en donde el Estado y su soberanía no existen. Yo lo veo inviable, le recomendaría al presidente entrante que no haga este tipo de proyectos, porque las mismas Fuerzas Armadas tienen cárceles, pequeñas pero las tienen y se pueden aislarlos correctamente con fuerte custodia”.

Como sugerencia adicional, expone que se debe intervenir de forma correcta en las instituciones públicas relacionadas con la seguridad y que eso no es solo “convertir a la Policía Nacional en agentes robocop”, sino en fortalecer las instituciones que carecen de personal y recursos para un apropiado funcionamiento ante las necesidades que se presenten en el país.

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