La administración de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui cumple su segundo periodo en funciones, sin embargo, la Contraloría General del Estado ha detectado anomalías en dicho periodo.
La Contraloría realizó tres auditorías a la contratación de servidores para el Gobierno Provincial de Pichincha, en los que observó incumplimientos legales como; nepotismo, contratación de asesores que sobrepasaron el límite permitido, con salarios elevados fuera del techo legal; vinculaciones sin precisar qué funciones cumplirían o con impedimentos para ejercer cargo público, entre otras.
Según el examen especial hecho por la Contraloría General del Estado entre 2020 y 2022, detalla que las contrataciones irregulares en la Prefectura de Pichincha no son nuevas; el informe señala que, en ese periodo, fueron contratadas cerca de 110 personas con nombramientos de libre remoción y provisional, contratos de servicios ocasionales y profesionales. Para cubrir sus salarios se gastaron 3,6 millones de dólares, pero el 50% no tuvo ninguna justificación.
Además, se concluyó que se realizaron contrataciones de personas con un vínculo de hasta cuatro grado de consanguinidad, es decir ha exigido nepotismo durante en este periodo.
La Contraloría analiza la pertinencia de hacer otro examen tomando en cuenta el caso de Soledad Padilla, exasesora de Jorge Glas, quien lo denunció por acoso y que mientras laboraba con él, constaba en la nómina de la Prefectura de Pichincha, entidad que admitió que la exasesora de Glas laboró en esa institución desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2023.
En la Prefectura de Pabón, Soledad Padilla inició como asistente de promoción turística y posteriormente ascendió hasta directora técnica con un sueldo de casi 2000 dólares.
A pesar de que ya hay un examen en marcha, fue con el escándalo de Padilla que los funcionarios de Quito, Pabel Muñoz y Paola Pabón, han mencionado tener pedidos de información sobre el caso de S. Padilla, que no es el único con irregularidades.