Desde que el presidente Daniel Noboa emitiera un decreto ejecutivo el 9 de enero de 2024, reformando el estado de excepción declarado el 8 de enero de 2024 debido a los motines en seis cárceles de Ecuador, el país ha experimentado cambios significativos. Con este documento, el presidente reconoció un conflicto armado interno y autorizó la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía a nivel nacional. El Gobierno identificó a al menos 22 grupos de crimen organizado transnacional como «organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes».
Al clasificar a estos grupos como beligerantes, el presidente abrió la puerta legal para que las Fuerzas Armadas y la Policía utilicen todos sus recursos para neutralizarlos. La violencia en Ecuador se desencadenó cuando el Gobierno buscaba implementar una política de «mano dura» para recuperar el control de las prisiones, muchas de las cuales estaban dominadas internamente por grupos delictivos. Estas rivalidades han resultado en más de 450 presos asesinados en masacres carcelarias desde 2020.
La violencia carcelaria también se extendió en las calles, convirtiendo a Ecuador en uno de los países más violentos, con una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes en 2023.
Actualmente, con el «conflicto armado interno» declarado por el mandatario, las fuerzas de seguridad en Ecuador han llevado a cabo aproximadamente 200 operaciones antiterroristas durante los 54 días de estado de excepción. Según el último informe de la Presidencia de la República publicado el 2 de marzo de 2024, en este periodo se han realizado detenciones de 11,349 personas, de las cuales 280 enfrentan cargos de «terrorismo». Asimismo, se resalta la confiscación de más de 64 toneladas de drogas.
En el marco del estado de excepción, se llevaron a cabo un total de 139,309 operaciones conjuntas, con 193 dirigidas contra bandas criminales. Las fuerzas de seguridad lograron decomisar 3,371 armas de fuego, más de 24,200 explosivos, más de 228,000 balas, 1,424 cargadores de balas y alrededor de 4,500 armas blancas.
Durante estos eventos, se informó sobre el abatimiento de doce presuntos terroristas por parte de las fuerzas del orden, con tres bajas en la Policía y ninguna en las filas militares. También se confiscaron 979 vehículos, 1,255 motocicletas y 28 embarcaciones, incluido un semisumergible utilizado para transportar droga. Además, se decomisaron más de 4,800 teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación, junto con aproximadamente 294,000 dólares en efectivo. La estadística también refleja la recaptura de 34 reclusos de los casi 90 que se fugaron durante los motines carcelarios a principios de año, donde 200 guardias y policías fueron tomados como rehenes y finalmente liberados.