En la etapa final de la campaña electoral, el presidente Daniel Noboa aseguró que trasladaría a los reclusos más peligrosos a cárceles flotantes, además de proponer la construcción de nuevas prisiones de alta seguridad. Sin embargo, seis meses después, estas promesas aún no se han cumplido.
En lugar de eso, se siguen ofreciendo nuevas fechas y excusas, adaptando el discurso a las circunstancias fiscales y la realidad. Aunque la última declaración, del 17 de mayo, menciona el inicio de la construcción en “dos o tres semanas”, la falta de transparencia del Gobierno genera más dudas que certezas, alimentando la desconfianza pública. Además, ni siquiera se ha confirmado si el diseño presentado a principios de año se mantendrá.
Lo único que se sabe es que las ubicaciones planeadas siguen siendo las mismas: Santa Elena y Pastaza. Sin embargo, la fijación de una fecha para el inicio de la construcción ha sido constantemente pospuesta desde el 11 de enero. En esa ocasión, tanto el presidente Noboa como la ministra del Interior, Mónica Palencia, optaron por no ofrecer explicaciones, siguiendo la práctica habitual del Ejecutivo.
El Presidente tampoco ha honrado su compromiso de trasladar a los reclusos más peligrosos a las anunciadas cárceles flotantes. En su primera entrevista, el 6 de diciembre de 2023, Noboa indicó que esa sería una medida provisional hasta que se construyeran las cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, lo que sí ocurrió fue el traslado de líderes de bandas delictivas y de ciertos individuos sospechosos de terrorismo a la cárcel de La Roca, en Guayaquil.
Después de que el Gobierno abandone la idea de las cárceles flotantes, posiblemente debido al alto costo de alquilar y mantener estas instalaciones en las costas del país, sigue tratando de mantener viva la esperanza respecto a la construcción de las megacárceles. Incluso, cuando aún se tenía una fecha oficial para la colocación de la primera piedra, la ministra Palencia mencionó que no serían solo dos, sino tres nuevas prisiones.
Sin embargo, a pesar de que el presidente ha insistido durante meses en que los contratos están preparados, solo se conoce la ubicación del complejo en Santa Elena, específicamente en la parroquia Julio Moreno, mientras que la ubicación en Pastaza sigue siendo un misterio.
La edificación de estas prisiones, planeadas para ser construidas por el mismo equipo que trabajó con Nayib Bukele en El Salvador, también tiene como objetivo facilitar la demolición de la cárcel regional de Guayaquil, conocida como la Penitenciaría.
Sin embargo, aunque el Gobierno aún no ha divulgado los procesos de licitación internacional ni ha confirmado quiénes serán los contratistas, como exige la ley, se sabe que uno de los factores que contribuyeron al retraso fue la falta de liquidez en las arcas estatales.
En febrero, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, reconoció que la escasez de recursos llevó al Ejecutivo a buscar proveedores dispuestos a aceptar bonos del Estado como forma de pago, aunque esta estrategia no dio frutos. Por lo tanto, el Gobierno espera tener el proyecto listo para enero o febrero de 2025, coincidiendo con el período de campaña electoral, que se extenderá desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero para la primera vuelta.