Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, fue asesinado el 9 de agosto de 2023, un evento que conmocionó al país y a sus seguidores. El ataque ocurrió mientras Villavicencio participaba en un mitin político en Quito, y, a pesar de los esfuerzos médicos, murió en el lugar.
En los días posteriores, se llevaron a cabo operativos en distintos lugares del país, resultando en la detención de varios sospechosos. Uno de ellos murió poco después del arresto debido a las heridas sufridas durante la detención.
Las primeras audiencias se realizaron en agosto de 2023, donde se presentaron pruebas iniciales que conectaban a los detenidos con el asesinato, incluyendo registros telefónicos y testimonios de testigos presenciales. La Fiscalía imputó a varios individuos, entre ellos Carlos Edwin Angulo, alias “Invisible”, líder de la banda “Los Lobos”, acusado de haber ordenado el asesinato desde su celda.
En septiembre de 2023, se llevaron a cabo más audiencias con nuevos testimonios y evidencias, como videos de cámaras de seguridad y análisis balísticos, que reforzaron la acusación contra los sospechosos. La Fiscalía continuó presentando pruebas para fortalecer su caso, mientras que la defensa solicitaba la revisión de las pruebas por posibles inconsistencias.
En octubre de 2023, la Fiscalía presentó testigos adicionales que ayudaron a reconstruir los eventos del día del asesinato. Los jueces mantuvieron las medidas cautelares contra los sospechosos para garantizar el avance de la investigación. Durante las audiencias, se confirmaron conexiones entre los acusados y el crimen organizado, complicando el caso.
En noviembre de 2023, se realizaron audiencias adicionales para evaluar nuevas pruebas, como análisis financieros que mostraban movimientos sospechosos en las cuentas de los acusados. En el cierre de los alegatos, la fiscal expuso las contribuciones de cerca de 80 testigos y peritos, y demostró que el crimen del 9 de agosto de 2023 fue planificado. Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, es señalado por la Fiscalía como el individuo que dio la orden desde la cárcel de Cotopaxi. Los otros tres acusados, Erick R., Víctor F., y Alexandra C., están acusados de ser cómplices en la ejecución del crimen, con la fiscal solicitando una condena de 25 años y una reparación integral para los familiares de Villavicencio de 666,000 dólares.
La Asamblea Nacional ha estado investigando el asesinato durante ocho meses y ha presentado dos informes: uno de mayoría que acusa al expresidente Guillermo Lasso de no mantener el orden y otro de minoría que considera el crimen como de carácter político. El informe de mayoría, aprobado con seis votos, sugiere infracciones penales y administrativas por parte de Lasso y otros funcionarios, señalando que la falta de seguridad contribuyó al asesinato de Villavicencio. El informe de minoría, por su parte, sostiene que el crimen fue motivado por las investigaciones de Villavicencio sobre temas sensibles como el petróleo y el narcotráfico.
Legisladores como Viviana Zambrano y Jorge Peñafiel criticaron la falta de acción del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y pidieron que el informe se debata antes del 9 de agosto. Otros, como Luzmila Abad, defienden el informe de mayoría, destacando omisiones y responsabilidades en la protección de Villavicencio. La decisión final sobre los informes corresponde al pleno de la Asamblea.
Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del excandidato presidencial, expresaron en su cuenta de X su reacción a la sentencia: “Hoy dimos el primer paso en la lucha por justicia para nuestro padre, Fernando Villavicencio”. Añadieron: “No olvidamos a los autores intelectuales, cómplices y omisiones del Estado. Si permitimos la impunidad, nadie en Ecuador estará a salvo”. En un post anterior, señalaron: “Necesitamos saber ya quiénes son los autores intelectuales y que se sancione a los funcionarios cómplices”. Alexandra Villavicencio, hermana de Fernando, manifestó: “Ha habido toda una estructura criminal invisible, queremos que se siga haciendo justicia, esperamos que también sean juzgados los autores intelectuales”.
Hugo Espín, abogado de Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, declaró que los testimonios e investigaciones han revelado una “megaestructura criminal” y que para finalizar la investigación, es necesario identificar a los autores intelectuales. Anunció que esperan colaboración penal internacional.
La Fiscalía también lleva adelante dos investigaciones previas relacionadas con el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, enfocadas en los presuntos autores intelectuales y posibles omisiones. La Fiscalía informó que estas investigaciones buscan la verdad procesal y justicia. Los ejecutores del delito fueron asesinados en prisión dos meses después del crimen, y los sentenciados el 12 de julio de 2024 fueron quienes planificaron el asesinato, los autores materiales. Sin embargo, aún queda por determinar quiénes fueron los actores intelectuales.